En un fallo unánime de los tres integrantes de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, fechado el 17 de marzo de 2023, se declara nulo por ilegal el Acuerdo Municipal 94 de 4 de abril de 2018, por medio del cual se aprobó el Plan Parcial de Ordenamiento Territorial, del corregimiento de San Francisco.
La decisión de la Sala Tercera surge como producto de una demanda de la firma Camarena, Morales & Vega, contra el mencionado Acuerdo Municipal, porque se consideró que violaba el numeral 23 del artículo 17 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, modificado por la Ley 66 de 29 de octubre de 2015; los numerales 12, 19, 24 y 26 del artículo 2, y numerales 1 y 6 del artículo 13 de la Ley 61 de 23 de octubre de 2009; los artículos 34, 35, 36 y 47 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000; el numeral 12 del artículo 5, los numerales 1, 3, y 12 del artículo 7 y los numerales 1, 2 y 4 del artículo 8 de la Ley 6 de 1 de febrero de 2006, y los artículo 6 y 21 del Decreto Ejecutivo 23 de 16 de abril de 2007.
En la sentencia de la Sala, se hace constar la vista fiscal en la que la Procuraduría de la Administración opinó que el Acuerdo Municipal 94 de 2018 era legal, ya que el municipio tiene esta atribución por mandato de las normas jurídicas referentes al ordenamiento territorial.
A pesar de esto, los magistrados Carlos Vásquez Reyes, Cecilio Cedalise Riquelme y María Cristina Chen Stanziola consideraron que el Acuerdo Municipal 94 infringió la ley porque faltó la debida “asesoría del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial” (Miviot) y por la deficiente “participación de la Junta de Planificación Municipal”.
Aunque el fallo asesta un duro golpe a la tutela urbanística del corregimiento de San Francisco, el Acuerdo Municipal 61 del 30 de marzo de 2021, que aprueba el Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) del distrito de Panamá, incorporó aspectos relevantes del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial de San Francisco.
Esta decisión de la Sala Tercera evidencia una vez más el problema sistémico de la consulta y la coordinación entre instituciones públicas.
