Miembros del Comité de Familiares de Víctimas Desaparecidas Héctor Gallego (Cofadepa-HG) durante la dictadura militar denunciaron a miembros de la Asamblea Nacional el incumplimiento del compromiso de reparación directa suscrito con el Estado.
Durante un conversatorio sobre el proyecto de Ley 442, promovido por la diputada suplente Grettel Garrido, que establece el 9 de julio como día de recordación de los desaparecidos en la dictadura militar (1968-1989), los miembros de Cofadepa-HG revelaron que, a pesar de haber alcanzado una serie de acuerdos con el gobierno para el establecimiento de medidas de reparación por la desaparición forzada de sus familiares, aún ninguna de ellas se ha cumplido.
Durante el conversatorio, Maritza Maestre, vocera del grupo, detalló que el acuerdo de solución amistosa alcanzado hace cinco años con el Estado incluía una indemnización económica para los familiares de los desaparecidos, la creación de un monumento de recordación, el establecimiento del día del desaparecido y el reconocimiento de la responsabilidad estatal por las desapariciones forzadas, pero que todo ha quedado en letra muerta.
No es un reclamo nuevo. Desde hace más de una década, los familiares han denunciado retrasos en el cumplimiento de estos compromisos, incluyendo indemnizaciones, memoriales y actos públicos de reconocimiento por parte del Estado.
Entre las medidas pactadas también figuraban la elaboración de una memoria histórica, un acto público de perdón y el reconocimiento internacional de responsabilidad por parte del Estado.
Maestre destacó que tampoco se ha concluido con las investigaciones judiciales para dar con el paradero de los desaparecidos de la dictadura, ni la identificación de los restos humanos recuperados en los trabajos de exhumación, ni con el procesamiento de los responsables de las desapariciones.
De hecho, informes previos han señalado que una parte significativa de los casos vinculados a la dictadura han sido archivados, sobreseídos o declarados nulos por los tribunales.
Por su parte, la diputada suplente Grettel Garrido, proponente del proyecto de Ley 442 que fija el 9 de julio como día para la recordación de los desaparecidos, explicó que la iniciativa busca reconocer hechos que afectaron a cientos de ciudadanos.
Garrido sostuvo que el proyecto también busca subsanar, de alguna forma, la ausencia de justicia hacia un grupo de panameños víctimas de la dictadura.
Para el año 2024, los tribunales de justicia ordenaron la reapertura de las investigaciones por la desaparición del sacerdote Héctor Gallego, ocurrida en junio de 1971, y de la estudiante Rita Wald, cuya desaparición se reportó en el año 1977.
Maestre agradeció a los diputados la creación del proyecto de Ley 442, que da un reconocimiento a los desaparecidos como una iniciativa propia del Órgano Legislativo.
El proyecto instituye el 9 de julio como día cívico de reflexión nacional para promover la memoria histórica de los desaparecidos y que los centros educativos realicen ese día actos de recordación de los hechos ocurridos durante la dictadura militar.
Víctimas de la dictadura
La dictadura militar en Panamá se extendió entre 1968 y 1989, periodo marcado por violaciones sistemáticas de derechos humanos.
En una denuncia presentada por Cofadepa-HG ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se establece que de los 116 muertos y desaparecidos durante la dictadura, por lo menos 39 califican como víctimas de desapariciones forzadas.
Igualmente, reportaron un total de 70 ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército panameño, y que en la mayoría de los casos, la acción judicial fue suprimida por parte de las autoridades judiciales.
También, el informe de la Comisión de la Verdad reveló que durante la dictadura funcionaron centros de tortura, a donde eran trasladados opositores al régimen militar que eran sometidos a golpes y a un estado de indefensión.
Según el reporte de la comisión, algunas de estas víctimas no tenían asistencia médica y permanecían detenidas por largos periodos de tiempo sin que sus familiares conocieran su ubicación.
El informe detalla que, a pesar de las denuncias presentadas por familiares de las víctimas, los casos no eran investigados y había poca actividad judicial relacionada con estos procesos.
Familiares de las víctimas relataron que se les negó de manera sistemática información sobre el paradero de sus parientes e incluso fueron amenazados por los militares.
A la vez, denunciaron que el proceso de investigación por parte del Ministerio Público y los estamentos de seguridad es muy lento y que ello ha provocado la pérdida de evidencias vitales para esclarecer estos hechos.
“Seguimos en la búsqueda de la verdad: dónde están y qué les hicieron”, han reiterado familiares, quienes denuncian la persistencia de la impunidad.
