El exministro de Desarrollo Social (Mides), Guillermo Ferrufino, presentó un amparo de garantías ante el Primer Tribunal de Justicia en contra del juez de cumplimiento, Jostan Guevara.
Ferrufino alega que el juez Guevara hizo una “mala valoración legal” y terminó condenándolo a 10 años de prisión, por delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.
El recurso interpuesto por Ferrufino plantea que el juez Guevara violó el debido proceso al aplicar una norma diferente a la que se encontraba en vigencia cuando se cometieron los presuntos delitos.
El amparo indica que el juez Guevara −para poder acumular las penas a Ferrufino− utilizó como fundamento la Ley 68 del 2 de noviembre de 2009 −que reformó artículos del Código Penal y del Código Judicial− pero que los delitos por los que fue condenado se originaron en un informe de auditoría con fecha de julio de 2009, por lo que la norma usada no debió ser aplicada.
De acuerdo con el escrito, en este caso la norma aplicable para acumular las penas era el artículo 86 del Código Penal, incorporada a través de la Ley 14 de 18 de mayo de 2007, en el que se establece que si una persona es sancionada por dos delitos se le impondrá la pena del más grave y una sexta parte o la mitad de la pena del delito menos grave.
Según la defensa de Ferrufino, en este caso la pena a imponer a su cliente −en lugar de 120 meses de prisión (10 años)− la pena aplicable hubiese sido de 80 meses de cárcel (6 años y 6 meses). Y que restando los 24 meses que se mantuvo detenido o con medidas cautelares, en total la pena aplicable sería de 56 meses de arresto, lo que le haría elegible para solicitar una sustitución de la pena por trabajo comunitario.
Además de estas dos condenas, el exministro Ferrufino está a la espera de una decisión del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales tras haber enfrentado un juicio por el delito de peculado relacionado con el alquiler de helicópteros a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Ferrufino se encuentra prófugo de la justicia. Su abogado Franklin Amaya ha señalado que no existen las garantías necesarias para que su cliente se entregue a las autoridades.
Al exministro se le mantienen cautelados varios bienes inmuebles y cuentas bancarias.
