En la traducción oficial al español de una nota fechada el 4 de abril del presente año, Mari A. Aponte, fiscal de litigio de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, le respondió al Ministerio Público de Panamá, que no parecía que existiera delito en la investigación contra el periodista Mauricio Valenzuela, por supuesta violencia de género en perjuicio de la diputada Zulay Rodríguez.
En la nota, a la que tuvo acceso este medio, la fiscal estadounidense explica: “La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que establece una amplia libertad de expresión y prohíbe la persecución penal de la expresión, excepto en circunstancias estrechamente definidas, como las amenazas. Esta protección se extiende al discurso que puede considerarse controvertido u ofensivo. En consecuencia, cualquier acción de las autoridades gubernamentales estadounidenses para ejecutar la solicitud sería incompatible con los intereses esenciales de Estados Unidos sobre este principio jurídico fundamental de Estados Unidos. Ya que ha declarado que pudo haber habido amenazas, presente dichas amenazas”.
Una asistencia judicial inútil
El 14 de febrero de este año, la fiscal de Circuito Penal, Lorena Quirós Puga de Pérez, encargada de darle curso a la querella penal de la diputada Zulay Rodríguez contra Valenzuela, le solicitó al fiscal superior de Asuntos Internacionales, Agustín Almario, que tramitara una asistencia judicial internacional con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para obtener información relevante para el caso.
En su solicitud la fiscal Quirós Puga, pidió información en posesión de las empresas Facebook, inc, y Twitter inc, en referencia a cuentas de Facebook e Instagram, así como las cuentas de Twitter de Claramente y Focopanama, en particular su “dirección de IP dinámica para el mes de agosto de 2019 y enero de 2020″.
El fiscal superior Almario tramitó la solicitud de asistencia a través del mecanismo del Tratado de Asistencia Legal Mutua, firmado entre Panamá y Estados Unidos, ubicado en el Ministerio de Gobierno, para que este le hiciera llegar la solicitud al Departamento de Justicia, con la finalidad que esa entidad gestionara la petición, y procurara la información solicitada por el Ministerio Público. Una vez recibida esa petición, el Departamento de Justicia verifica el fundamento legal del caso, así como el relato de los hechos y los criterios para pedir las evidencias específicas.
Precisamente, al realizar la revisión la fiscal estadounidense Aponte señaló que el delito investigado podría chocar con la primera enmienda, y aunque la conducta penal señalada era la de una amenaza, la expresión de Mauricio Valenzuela no tenía esa característica. Además, Aponte indicó que los parámetros para solicitar información sobre las cuentas de Facebook, Instagram y Twitter, eran muy vagos y no se explicaba su relación con los hechos del caso: “Las autoridades también buscan registros relacionados con otra cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook, y una cuenta de Instagram, ninguna de las cuales tiene un nexo criminal, según los hechos de la solicitud”, explicó la fiscal estadounidense. En su carta del 4 de abril, la fiscal Aponte indica que el Ministerio Público de Panamá tiene 3 meses, es decir hasta el 4 de julio para presentar una nueva solicitud de Asistencia Judicial Internacional, si no lo hace se considerará que esta petición ha sido abandonada.
El 1 de septiembre de 2021 Valenzuela fue imputado por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de lesiones psicológicas, debido a una querella interpuesta por la diputada del partido gobernante Zulay Rodríguez. El 15 de marzo de 2022, la fiscalía pidió el sobreseimiento de Valenzuela a la jueza de garantías que lleva el proceso, pero el 8 de abril siguiente, se le otorgó a la diputada Rodríguez una revisión de la solicitud de sobreseimiento. De ser acogida, el caso podría continuar.
