La Fiscalía Anticorrupción fracasó este lunes, 29 de septiembre, en un intento para que un juez de garantías impusiera la medida cautelar de detención preventiva al exdirector del Instituto para Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de peculado.
Meneses, quien está detenido pero por cargos de enriquecimiento injustificado, compareció en la mañana del lunes a las instalaciones del sistema penal acusatorio (SPA) del Primer Distrito Judicial para enfrentar una audiencia solicitada por la Fiscalía Anticorrupción para que se le endurecieran las medidas cautelares en el proceso que se le sigue por peculado en el otorgamiento de auxilios económicos.
Durante la audiencia, la juez Keila Martínez desestimó la petición hecha por el fiscal anticorrupción Argo Hyman.
La juez no accedió a la petición del fiscal tras considerar que las medidas de reporte periódico, impedimento de salida del país e impedimento de acercarse a las instalaciones del Ifarhu aplicadas a Meneses en este caso, ya habían sido recibidas por un juez de garantías y por el Tribunal Superior de Apelaciones.
Sin embargo, el fiscal Hyman anunció un recurso de apelación contra la decisión asumida por la juez Martínez.
Meneses mantiene procesos judiciales por los delitos de peculado, blanqueo de capitales e enriquecimiento injustificado, es este último proceso en el cual al exdirector del Ifarhu se le ordenó la medida de detención provisional, en los otros dos se le impusieron medidas cautelares menos severas, como la notificación periódica y la prohibición de salir del país.
El pasado 17 de julio los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones Greta Marchoswky, Gustavo De Gracia y Yiles Pittí consideraron que la medida de detención preventiva aplicada por un juez de garantías el 8 de junio es la más idónea para mantenerlo vinculado al proceso.
En ese momento, la decisión de los magistrados Marchosky, De Gracia y Pittí se fundamentó en que la fiscalía, en su investigación, logró aportar evidencias que vinculan a Meneses con la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado durante el período que ocupó el cargo de director del Ifarhu.
Los magistrados estimaron que existe un riesgo de obstaculización de la obtención de pruebas relacionadas con la asignación de auxilios económicos entregados por el Ifarhu.
Los magistrados también tomaron en consideración datos aportados por la fiscalía en los que se detalla que Meneses realizó transferencias por un monto de $83 mil a través del sistema de transferencias conocido como Yappy y que algunas de esas transferencias involucraron a personas beneficiarias de los auxilios económicos.
