La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, busca esclarecer el número exacto de auxilios económicos otorgados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) durante ciertos periodos, así como identificar a los beneficiarios que no cumplieron con los requisitos para acceder a dichas ayudas.
Así lo informó la fiscal superior anticorrupción, Itzel Koo, el viernes 13 de septiembre, durante una serie de diligencias de inspección ocular llevadas a cabo en la sede central del Ifarhu, ubicada en El Carmen, y en una bodega de la entidad en el corregimiento 24 de Diciembre.
La fiscal anticorrupción Angie Ostia detalló que uno de los aspectos más relevantes de estas inspecciones simultáneas fue la recolección, clasificación y análisis preliminar de más de 1,500 expedientes relacionados con los auxilios económicos.
“El Ministerio Público ha procedido a revisar de manera minuciosa los expedientes que contienen los contratos mediante los cuales se otorgaron los auxilios económicos”, señaló la fiscal Koo, quien también agregó que las diligencias continuarán en las próximas semanas con el objetivo de determinar la posible comisión de delitos como peculado y la vinculación de las personas implicadas en este caso.
Estas investigaciones sobre los controvertidos auxilios económicos entregados por el Ifarhu seguirán desarrollándose por parte del Ministerio Público, subrayaron las fiscales.
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— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) September 13, 2024
📹 La Fiscalía Anticorrupción realizó este viernes, 13 de septiembre, inspecciones oculares en sedes del @IFARHU, dentro de la investigación por el caso de los Auxilios Económicos. Informan las fiscales Itzel Koo y Angie Ostía. 👇 pic.twitter.com/OvJOmZuMze
En los últimos 10 años, el Ifarhu ha distribuido $421.4 millones en auxilios económicos y otros programas educativos durante las administraciones de los presidentes Juan Carlos Varela (2014-2019) y Laurentino Cortizo (2019-2024).
Muchos de estos auxilios fueron otorgados a funcionarios, familiares de ministros, diputados, diplomáticos, proveedores del Estado, miembros del Partido Revolucionario Democrático, e incluso al expresidente Laurentino Cortizo. También se detectaron beneficiarios sin necesidades económicas aparentes.
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