A pesar que el juez de garantías Luis Ceballos estimó que la imputación presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) Luis Oliva, el empresario Budy Attie y la abogada Janice Becerra es endeble, el Ministerio Público apuesta a que el informe de auditoría pedido a la Contraloría General de la República modificará esta percepción, ya que arrojará datos concretos de la lesión causada al Estado.
La fiscal anticorrupción Thalia Palacios explicó que la auditoría fue solicitada en julio de 2024 y, próximamente, será remitida a la fiscalía, y con ella se determinará la afectación al Estado.
En la audiencia, que concluyó en la noche del jueves 28 de agosto y en la que hubo presencia de varios juristas de diversas firmas legales, el juez Ceballos, al momento de acoger la imputación presentada por la fiscalía, sostuvo que los representantes del Ministerio Público presentaron los requerimientos mínimos para la formulación de cargos.
Una afirmación similar efectuó el juez cuando la fiscalía intentó sustentar la necesidad de las diligencias de aprehensión practicadas contra los tres imputados, que el juez Ceballos terminó declarando ilegales.
Attie, Oliva y Becerra seguían con gran atención los argumentos presentados por la fiscalía. Attie, quien vestía jeans, una camisa blanca y zapatillas del mismo color parecía ser el más inquieto de los tres, pues movía de manera constante su pierna derecha y mostraba cierta inquietud en su silla.
Oliva, sentado a la izquierda de Attie, con suéter amarillo y jean parecía más tranquilo y solo asentía o negaba con su cabeza. En la misma fila Becerra, también con una camisa blanca y el cabello recogido en una cola, era la más serena de los tres.
La fiscalía
La fiscal Palacios, al momento de presentar los argumentos de la imputación contra los tres procesados, sostuvo que en este caso recopiló una serie de declaraciones de funcionarios de la AIG, del Ministerio de Economía y Finanzas, así como de comerciantes y usuarios del sistema Listo Wallet, usado para la entrega de los fondos del Programa Panamá Solidario a causa de la pandemia de covid-19, quienes certificaron que la empresa Fintek Corp., ligada a Budy Attie, no mantenía contrato con el Estado para el manejo de dicha plataforma.
Durante su intervención, que se extendió por más de una hora, la fiscal Palacios argumentó que entre 2022 y 2023, cuando Oliva fungió como administrador de la AIG, fue cuando se gestionó la incorporación de Fintek Corp. para el manejo de la plataforma Listo Wallet con la cual se gestionaron los fondos entregados por el gobierno a través del Programa Panamá Solidario.
Palacios insistió en que Fintek Corp. nunca mantuvo un contrato con la AIG para realizar dicho trámite y, además, cobraba el 0.5% a las empresas que usaban el sistema y que todo se manejó con un acuerdo que tenía una vigencia de seis meses.
Con anterioridad el servicio era manejado por Cable & Wireless, pero dicha empresa se retiró por falta de pago del gobierno.
La defensa
A su turno, los abogados defensores alegaron que la fiscalía no precisó al juez de garantías el monto del presunto peculado, ni de qué forma fue cometido, ni la participación de cada uno de los imputados.
Los defensores también expusieron ante el tribunal que la fiscalía tampoco pudo precisar el período en que presuntamente cometieron las supuestas irregularidades.
A pesar de las alegaciones de los abogados defensores, el juez dio por presentada la imputación de cargos por delitos de corrupción, asociación ilícita y peculado.
También aplicó las medidas cautelares de impedimento de salida del país y notificación los días 14 y 28 de cada mes para Oliva y Attie. Mientras, a Becerra se le impuso la medida cautelar de notificación los días 14 de cada mes.
La fiscal Palacios apeló las medidas cautelares concedidas a Oliva y Attie por considerar que son insuficientes para garantizar su permanencia en el proceso, ya que se mantiene el riesgo de fuga.
El Tribunal Superior de Apelaciones fijó para el próximo 10 de septiembre la audiencia de apelación de las medidas cautelares aplicadas por el juez de garantías a Oliva y Attie.
Audiencia de Ralph Attie
En el caso de Ralph Attie, también investigado por la fiscalía en este caso, el juez decidió decidió declarar una suspensión del proceso, ya que presenta problemas de salud.
Ahora, y una vez sea dado de alta por su médico de cabecera, las autoridades judiciales deberán establecer una fecha para realizar la audiencia de imputación.
Ralph Attie fue aprehendido en el mismo operativo realizado por la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción el miércoles 27de agosto, pero presentó problemas con sus niveles de azúcar y la presión arterial por lo que fue llevado al Hospital Pacífica Salud.
