Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía de Darién sobre la apropiación de unas 13 mil hectáreas de bosques apunta a que todo se fraguó desde la oficina regional de adjudicaciones masivas de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) en la provincia de Darién.
Las pesquisas adelantadas por la fiscalía detallan que la exdirectora de esta oficina en esa provincia estructuró la trama para la adjudicación de derechos posesorios de manera irregular. La semana pasada a esta exfuncionaria le imputaron cargos y ordenaron su detención preventiva.
La exfuncionaria ocupó el cargo por 14 años. Desde su despacho, según las investigaciones, tenía conocimiento de los terrenos no titulados y de las peticiones para la obtención de derechos posesorios en toda la provincia.
Una vez la oficina recibía una solicitud de trámite de derecho posesorio alertaba a los abogados tramitantes para que hicieran una petición similar sobre el mismo terreno y ella se encargaba de engavetar la petición original.
Las pesquisas revelaron que este modus operandi se detectó en las investigaciones abiertas en Gigralito de Puerto Piña, Quebrada Venado y Amarradero, en el corregimiento de Camogantí, distrito de Chepigana y en Aruza, en el corregimiento de Yape, también en el distrito de Pinogana.
Ahora la investigación está encaminada a ubicar a los testaferros a los que se encargó el movimiento y distribución de los fondos generados por la venta de los terrenos a una empresa y que luego traspasó a extranjeros.
La fiscalía ha solicitado información bancaria sobre los depósitos de dinero hechos por los testaferros a fin de establecer el destinatario final de los fondos.
En este caso se solicitó a un juez de garantías la suspensión de los trámites de asignación de derechos posesorios sobre estos terrenos.
Hasta ahora la fiscalía ha imputado cargos a un total de 19 personas en los tres casos que mantiene abiertos por delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir, titulación ilegal de tierras y se ha incautado de unos $194 mil.
Las autoridades estiman que solo las 1,500 hectáreas sobre las que existen denuncias de adjudicación irregular en Gigralito y Quebrada Venado pueden tener un valor cercano a los $3 millones.
También se ordenó la verificación de cientos de trámites para la adjudicación de derechos posesorios sobre terrenos realizados en años anteriores para determinar posibles irregularidades en su tramitación.
Las autoridades han logrado establecer que en su mayoría los terrenos objeto de apropiación ilegal son en su mayoría selva virgen con la intención de convertirlos en potrero para la explotación ganadera y extracción de madera.
