Testigos en el estrado, fiscalía tomando nota y nueve imputados al fondo de la sala. Así transcurrió el cuarto día del juicio por el presunto peculado en la remodelación del casco antiguo y la ampliación de la Avenida Domingo Díaz, una jornada donde los expertos de la defensa explicaron ante el tribunal cómo operan los procesos de contratación pública y cuál es el rol que cumplen las comisiones evaluadoras en proyectos de infraestructura.
La defensa sube al estrado
La jornada arrancó a las 9:00 a.m. con la exposición de los testigos convocados por los abogados defensores. Uno de ellos fue Juan Jesús Cedeño, testigo técnico requerido por Abril Arosemena, defensora de Juan Manuel Vásquez, quien fue miembro de la comisión evaluadora encargada de analizar las propuestas.
Cedeño es director legal de la empresa estatal Metro de Panamá, S.A. y especialista en contrataciones públicas y derecho administrativo. También declaró como testigo técnico en el juicio del caso Odebrecht, el proceso del que se desprende esta causa.
Durante su testimonio, Cedeño respondió preguntas sobre la figura del contratante, fue consultado sobre quién fija los precios de una obra y ahondó sobre el rol de la comisión evaluadora.
Manifestó que esta comisión no puede salirse de los criterios que el contratante le establece. También le preguntaron si la Contraloría General de la República cuenta con personal para establecer precios de obras.
Sobrecostos por encima de los $98 millones
Los proyectos en el centro del debate son grandes obras públicas. Según la Contraloría, el presunto sobreprecio en el Casco Antiguo asciende a $51.4 millones y a $47.3 millones en la ampliación de la Avenida Domingo Díaz.
El primero fue adjudicado a Odebrecht y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC); el segundo, al consorcio Ica-Meco.
Parte de la teoría de la Fiscalía Especial Anticorrupción descansa sobre el informe de auditoría de la Contraloría que determinó supuestos sobrecostos en los precios de esas obras.
‘El delito ya se da por sentado’
Mientras la defensa construía su relato desde el estrado, la fiscal Thalia Palacios habló con La Prensa durante el receso del mediodía y fue contundente: para el Ministerio Público, el delito de peculado ya está acreditado. Lo que viene ahora es demostrar la responsabilidad penal individual de cada imputado.
“A juicio del Ministerio Público y con el auto de llamamiento de la juez tenemos un delito acreditado y que ya se da por sentado. Lo que nos corresponde en esta fase es acreditar ese conocimiento o la vinculación de responsabilidad penal que acarrea cada una de las personas que está siendo investigada”, señaló Palacios.
Sobre el sustento probatorio, la fiscal explicó que el Ministerio Público no descansa en una sola evidencia. “Tenemos que hacer una valoración en conjunto de todos los elementos de convicción, no solamente el audito forense que ha presentado la Contraloría General de la República, sino también declaraciones juradas que han rendido personas, inclusive información que se ha pedido a otras instituciones públicas, también algunas pruebas trasladadas que constan dentro de la investigación”, detalló.
Palacios también se refirió al papel que jugaron los testigos expertos en la jornada. “Han dado explicaciones al tribunal relacionadas a cómo se dan los procedimientos de las contrataciones públicas, específicamente en temas como los proyectos de reordenamiento vial, y han expuesto cómo funcionaban las comisiones evaluadoras y cómo se daban los temas de financiamientos”, describió.
El deber de garante de las comisiones evaluadoras
Sobre las comisiones evaluadoras, la fiscal fue precisa al definir su responsabilidad dentro del proceso. “La comisión evaluadora es la encargada de verificar que se cumplan con todos los requerimientos técnicos para cada uno de los proyectos, y esto ellos ejercen un deber de garante en atención a la ley de contrataciones”, afirmó.
Consultada sobre qué cargos enfrentan los miembros de esas comisiones, Palacios indicó que “el Ministerio Público imputó cargos por delitos de peculado”, y adelantó que los detalles sobre la participación de cada imputado se expondrán durante los alegatos.
Los alegatos arrancan el martes
La Fiscalía estima iniciar esa fase la próxima semana. “Los alegatos deberíamos estar iniciándolos el día martes, que debe empezar fiscalía”, dijo Palacios.
En esa etapa, el Ministerio Público tendrá que explicarle al tribunal el grado de conocimiento que tenía cada uno de los acusados. “El Ministerio Público deberá explicarle al tribunal cuál es el conocimiento que tenían cada una de estas personas con la comisión del delito, que al final da con el delito de peculado que hemos estimado”, precisó.
Las lecciones para el país
Al cierre de la entrevista, la fiscal reflexionó sobre las lecciones que deja el proceso para el país en materia de contratación pública.
“Nos deja varias lecciones, sobre todo en la forma en que nuestras instituciones deben organizarse de manera interna para no permitir que se puedan dar manejos de los costos estimados o de los precios que tienen cada uno de los proyectos”, dijo.
Y añadió: “definitivamente hay muchos retos en materia de contratación pública que deben ser aplicados dentro de la transparencia y rendición de cuentas que tenemos como país”.
Habla un defensor
Mientras que Rosendo Miranda, abogado del acusado Federico José “Pepe” Suárez, que fue ministro de Obras Públicas en los dos primeros años del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), se mostró confiado en que los testimonios de esta etapa permitirán aclarar decisiones administrativas que, a su juicio, la fiscalía interpreta erróneamente como actos delictivos.
“Un grupo de 10 personas enfrentó restricciones de su libertad y medidas cautelares severas. Mi cliente sufrió detención preventiva. Eso dista de ser justicia, pero confiamos en encontrar la verdad en este estrado”, declaró Miranda antes de ingresar a la sala.
Además de Suárez, también están acusados Jorge “Churro” Ruiz, María González, Gonzalo de la Rosa, León Halphen, Héctor Castillo, Juan Manuel Vásquez y Sergio Del Sour.
