La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, tras el vencimiento en las bodegas de la Caja de Seguro Social (CSS) de medicinas e insumos médicos valoradas en $2.5 millones.
La investigación se inició luego de que el subdirector de la CSS, Rogelio Gordón, realizara una auditoría en los puntos de almacenamiento de medicamentos, en la que se detectó el vencimiento de productos que pudieron haber sido entregados a pacientes de la entidad.
Los depósitos auditados fueron los de Panamá, Divisa y Chiriquí, donde se custodiaban medicinas e insumos médicos.
La fiscalía revisa actualmente la documentación relacionada con la adquisición de los medicamentos y el tiempo que permanecieron almacenados en los depósitos.
En octubre de 2024, el entonces director de la CSS denunció públicamente la existencia de una gran cantidad de medicamentos e insumos médicos vencidos en las bodegas de la institución.
Asimismo, la diputada de la bancada Vamos, Paulette Thomas, presentó una denuncia contra el exdirector de la CSS Enrique Lau Cortés, a raíz del vencimiento de miles de medicamentos en los depósitos de la entidad.
La querella penal busca que el Ministerio Público determine la posible responsabilidad del exdirector por el desabastecimiento de fármacos, pese a que la institución mantenía inventarios de productos ya vencidos.
En esa ocasión, Thomas señaló que “no es posible que cientos de personas acudan a las instalaciones de la CSS en busca de medicamentos y que ahora se sepa de la existencia de productos vencidos por más de $2.5 millones, los cuales pudieron haber beneficiado a una gran cantidad de pacientes con graves padecimientos de salud”.
La denuncia de Thomas también incluía a la directora de Compras, Ana Patricia Cuestas; la jefa legal de Compras, Ana Karina Pinilla; el director ejecutivo de Administración, Edwin Montenegro; y la asesora legal de Logística, Guadalupe Torres.
En octubre pasado, la CSS anunció la apertura de una licitación para adquirir 220 renglones de medicamentos, con el fin de prevenir una posible escasez en las farmacias de policlínicas, unidades de atención y hospitales de la entidad.
Esta licitación reemplazó la que fue suspendida por el presidente José Raúl Mulino, quien solicitó —a través de su cuenta de X— al entonces director de la CSS, Enrique Lau Cortés, detener el proceso de compra de medicamentos por un total de $146,630,367.67, programado para el mes de agosto.
La CSS y el Ministerio de Salud (Minsa) tienen previsto convocar una nueva licitación para la compra de aproximadamente $300 millones en medicamentos, con el objetivo de garantizar el suministro de fármacos por un período de tres a cinco años.
Ambas instituciones trabajan actualmente en la elaboración de la lista de medicamentos y la definición de las cantidades requeridas. Los equipos de logística —en la CSS, la Dirección de Provisiones de Servicios de Salud, y en el Minsa, la Dirección de Abastecimiento— ya están cruzando la información necesaria.
Otros casos
La Fiscalía Anticorrupción mantiene otras investigaciones por presuntos actos de corrupción que involucran a funcionarios de la CSS, entre ellas las pesquisas relacionadas con la alteración de la base de datos informática del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (Sipe).
Esa investigación, iniciada en 2018, reveló que funcionarios vinculados al sistema utilizaron los datos de una trabajadora manual de la CSS para simular que era ella quien ejecutaba las alteraciones en la información remitida al sistema, en el que no se acreditaban correctamente los pagos de cuotas.
Otra investigación en curso se relaciona con la pérdida de 19 mil viales de fentanilo, registrada en noviembre de 2022. En este caso, aún no hay personas imputadas.
El 23 de abril de 2025, tres funcionarios de la CSS fueron detenidos por la sustracción de 60 armas de fuego de las oficinas de seguridad de la institución. Según las investigaciones, las armas fueron vendidas a la pandilla Baby Killa, del sector de Carrasquilla.
El actual director de la CSS, Dino Mon, ha reconocido la existencia de redes de corrupción dentro de la entidad, entre ellas mafias que vendían citas médicas por hasta $125. Por estos hechos se han presentado 18 querellas ante el Ministerio Público.
