Las investigaciones por presunto peculado en perjuicio del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) dejaron la primera personas aprehendida.
Se trata de un contratista que participó en obras que debían ejecutarse en la provincia de Veraguas relacionadas con el programa de sanidad básica.
Fuentes del Ministerio Público (MP) revelaron que, durante una diligencia de allanamiento, la Fiscalía Anticorrupción ordenó la aprehensión de un contratista al que se le habían asignado la construcción de 196 unidades sanitarias en la comunidad de Viguí, el corregimiento de La Palma, provincia de Veraguas.
Según la investigación de la fiscalía, en este caso las obras tenían un costo de $114 mil, pero al parecer no fueron entregadas.
El aprehendido será llevado en las próximas horas ante un juez de garantías para la formulación de cargos y aplicación de medidas cautelares.
El pasado lunes, la fiscal también practicó una diligencia de inspección ocular en proyectos de sanidad básica que debieron concluirse en El Valle de Antón, El Hato, la Reforma, La Compañía, El Valle de Antón Centro.
Durante la diligencia, los fiscales pudieron comprobar que algunos de los proyectos no se habían realizado, por lo que se adelantan investigaciones por la presunta comisión del delito de peculado.
Hasta ahora Conades ha presentado 22 denuncias y cuatro querellas todas relacionadas con contratos no realizados relacionados con el proyecto de sanidad básica.
También la fiscalía realizó diligencias en la provincia de Colón relacionados con al menos tres proyectos de sanidad básica en las que se invirtieron más de $100 mil.
Las diligencias se realizaron en las comunidades de El Porvenir, Chorrillito, Marañoncito y Nuevo América, donde debieron ejecutarse las obras destinadas a mejorar la calidad de vida de los residentes. Los funcionarios también procedieron a cotejar las listas de personas que supuestamente serían beneficiadas con la instalación de las unidades sanitarias.
El Programa de Sanidad Básica fue una de las promesas de campaña del expresidente Juan Carlos Varela, con el cual se pretendía entregar 300 mil unidades sanitarias, pero solo se alcanzó la entrega de unas 215 mil, y era gestionado por Conades y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).
En 2024 la Fiscalía Anticorrupción imputó cargos a dos personas por la presunta comisión del delito de peculado relacionado con incumplimientos en la ejecución de obras del programa de sanidad básica.
A Conades le correspondía gestionar la construcción de unos 85 mil baños, con una inversión de al menos $238 millones, en función de un costo unitario estimado en $3 mil. Al Miviot le correspondía el resto del programa (215 mil baños).
Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción abarcan los años 2014-2019, cuando los proyectos fueron asignados, pero al parecer no fueron concluidos por los contratistas.
