La Fiscalía Metropolitana ordenó el archivo provisional de una denuncia penal por calumnia e injuria presentada contra el vicealcalde del distrito capital, Roberto Ruiz Díaz.
El recurso legal fue interpuesto por Alejandro Miranda, quien se desempeñó como asesor del actual alcalde capitalino, Mayer Mizrachi.
En su denuncia, Miranda alegó que el vicealcalde emitió declaraciones a medios de comunicación que le habrían “afectado su vida personal, profesional, comercial y familiar”, al señalarlo como un “infractor de las normas penales y usurpador de funciones públicas”.
Según su abogado defensor, el penalista Carlos Carrillo, estas afirmaciones le causaron a su cliente “un daño irreparable a su buen nombre”, al atribuírsele el delito de usurpación de funciones públicas.
Por su parte, Ruiz Díaz había declarado en febrero de 2025 que decidió presentar una denuncia ante el Ministerio Público tras percatarse de que Alejandro Miranda ingresó al Municipio de Panamá inicialmente como asesor y “amigo” del alcalde Mizrachi, pero que con el paso del tiempo fue asumiendo mayores funciones dentro de la administración municipal.
“Incluso, se reunía con el personal, participaba en las juntas directivas que se realizaban los días lunes y coordinaba temas de recursos humanos; poco a poco su presencia fue mucho mayor. Él es ciudadano norteamericano”, aseguró el vicealcalde en aquel momento.
Miranda, en su querella, aportó como pruebas cuatro entrevistas concedidas por Ruiz Díaz sobre el tema.
En su decisión, la fiscalía concluyó que los hechos denunciados no constituyen conducta delictiva, al considerar que el contenido íntegro de las declaraciones del vicealcalde se centró en explicar la presentación de una denuncia para que se investigara el rol de Miranda dentro de la comuna capitalina.
Asimismo, indicó que Miranda sí tenía cierta participación en las actividades de la Alcaldía de Panamá, situación que fue confirmada públicamente por el propio alcalde Mayer Mizrachi, quien señaló ante los medios que se trataba de su asesor y consultor.
Finalmente, la fiscalía subrayó que limitar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información implicaría un menoscabo de los derechos que asisten a los ciudadanos en un Estado democrático, especialmente cuando se trata de asuntos de interés nacional relacionados con actos o situaciones que podrían afectar fondos públicos.
