En su primer día de alegatos, la Fiscalía Anticorrupción solicitó un veredicto absolutorio para 17 de los 45 imputados por delitos de peculado en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional (PAN), ejecutado a través de contratos para la adquisición de granos que serían enviados a las escuelas públicas.
Los fiscales Edwin Juárez, Ada Almanza y Ariel De Gracia iniciaron la presentación ante el tribunal el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados en este proceso.
Durante la sesión, que comenzó a las 9:00 a.m., la Fiscalía estimó que 17 de los implicados no tenían una participación clara en la comisión de los delitos investigados, por lo que se solicitó a la juez emitir un veredicto absolutorio a su favor.
Entre los funcionarios para los que la Fiscalía solicitó un veredicto absolutorio se encuentran auditores de la Contraloría General de la República y funcionarios de mandos medios del PAN, para quienes inicialmente se había pedido un llamamiento a juicio.
Fuentes judiciales revelaron que la Fiscalía también solicitó un veredicto absolutorio para varios exministros, entre ellos Guillermo Ferrufino y Roberto Milton Cohen Enríquez.
Para este jueves se tiene previsto que los fiscales sigan con el proceso de presentación de la responsabilidad penal de los restantes 28 imputados, entre los que se encuentran empresarios y algunos funcionarios del PAN.
Esta investigación se inició el 21 de agosto de 2014, cuando el entonces diputado del Partido Panameñista, José Luis Varela, reveló en una entrevista televisiva la supuesta existencia de sobrecostos en las compras de arroz realizadas por el PAN.
El exdirector del PAN, Rafael Guardia Jaén, en una indagatoria, aceptó que recibía instrucciones directas de Adolfo Chichi De Obarrio sobre a quién asignar los contratos para el suministro de los granos.
En el periodo 2009-2014, De Obarrio fungió como secretario privado del entonces presidente Ricardo Martinelli.
Durante el juicio, que se inició el pasado 10 de marzo, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales llamó al estrado a dos auditoras de la Contraloría que realizaron el informe de auditoría N° 073-003-2015-DINAG-DESAFPF, según el cual las irregularidades en el manejo de los fondos asignados por el PAN para la compra y distribución de granos en las escuelas del país ocasionaron una lesión patrimonial por la suma de $12.3 millones.
En el primer día de audiencia, Mario Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), se declaró culpable y aceptó un acuerdo de pena de 40 meses de prisión y el pago de $2.3 millones.
