La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo solicitó condena para el exministro de Obras Públicas, Federico José “Pepe” Suárez, y el empresario Marcelo de la Rosa, por la supuesta comisión de peculado, en el juicio por presuntos sobrecostos en la remodelación del Casco Antiguo y la ampliación de la vía Domingo Díaz.
Además, pidió la absolución para los cinco miembros de la comisión evaluadora de los proyectos del Ministerio de Obras Públicas. Se trata de María Eugenia González, León Halphen, Héctor Castillo, Juan Manuel Vásquez y Sergio Del Sour.
El juicio lo preside la juez Águeda Rentería y se desarrolla a puertas cerradas desde el pasado 2 de marzo, en el salón de audiencias del Tribunal Superior de Causas Penales.
El proceso examina uno de los casos de corrupción más complejos que enfrenta la justicia panameña en los últimos años, debido al volumen de pruebas y al número de contratos bajo análisis.
La fiscal Morcillo presentó este martes 10 de marzo sus alegatos finales, con lo que la diligencia judicial entró en su recta final. En esta fase, las partes exponen sus conclusiones sobre las pruebas incorporadas al expediente antes de que el tribunal emita un fallo.
Los proyectos en el centro del proceso judicial corresponden a la rehabilitación del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Panamá, en el Casco Antiguo, y a la ampliación de la avenida José Domingo Díaz. Ambas obras integraron el Plan Maestro de Ordenamiento Vial que el gobierno de Ricardo Martinelli impulsó entre 2009 y 2014.
Una auditoría de la Contraloría General de la República de Panamá detectó presuntos sobrecostos en los dos proyectos. El informe fijó en $51.4 millones el monto correspondiente a la remodelación del Casco Antiguo, mientras que en la ampliación de la avenida José Domingo Díaz el sobreprecio alcanzó los $47.3 millones.
El Patrimonio Histórico fue adjudicado a Odebrecht y a Fomento de Construcciones y Contratas, la empresa española conocida como FCC. La Domingo Díaz quedó en manos del consorcio Ica-Meco.
“La fiscalía consideró que había suficientes pruebas dentro de la investigación para solicitar la sentencia que corresponde contra el exministro de Obras Públicas [Federico Suárez] y así se sostuvo en el acto de audiencia basado en las pruebas que hay, no solo en estos dos casos acumulados, sino en los que están por resolver también en el tribunal”, aseguró la fiscal en entrevista con La Prensa.
Con respecto a la solicitud de absolución de los integrantes de la comisión evaluadora, la fiscal explicó que, aunque en una etapa inicial la investigación buscó establecer una posible vinculación de ese grupo con las irregularidades detectadas en los proyectos, el Ministerio Público no logró acreditar que sus miembros tuvieran conocimiento de las anomalías señaladas en el expediente.
Ante esa falta de prueba sobre el elemento de conocimiento, la fiscalía optó por pedir una sentencia absolutoria a su favor.
Luego de los alegatos de la fiscalía, corresponde el turno del Estado, representado por el Ministerio de Seguridad Pública, que participa como querellante.
Se calcula que el juicio termina el miércoles 11 de marzo.
