La Fiscalía Superior de Descarga Anticorrupción solicitó el llamamiento a juicio por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales de Adolfo Chichi De Obarrio Manzini, quien fungió como secretario de Ricardo Martinelli cuando este ocupó la presidencia de la República (2009-2014).
La petición la hizo el fiscal superior Edwin Juárez Duarte en una audiencia en el Juzgado Tercero Liquidador Adjunto de Causas Penales del Circuito Judicial de Panamá, informó un comunicado del Ministerio Público.
La jueza adjunta Celia De La Rosa se acogió al término de 30 días que le da la ley para tomar una decisión.
También se solicitó juicio para otras tres personas.
El Ministerio Público basó su acusación en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que concluyó que el patrimonio de De Obarrio registró un incremento injustificado.
En dicho informe se determinó que, en el periodo del 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2015, el exsecretario privado presidencial obtuvo recursos provenientes de fuentes conocidas por el valor de un millón de dólares, pero registró gastos por $4.7 millones. Es decir, una diferencia de de 3.7 millones de dólares.
Según la investigación, el exfuncionario, a nombre propio y a través de interpuestas personas, adquirió lingotes de oro, joyas y propiedades; realizó inversiones; pagó tarjeta de crédito, préstamos hipotecarios y póliza de seguro, y realizó transferencias bancarias internacionales, entre otros gastos, “con el propósito de eludir u ocultar el origen ilícito de los dineros adquiridos durante el período en que fungió como servidor público”.
De Obarrio abandonó Panamá en 2014, al término de la gestión de Martinelli. Estuvo en paradero desconocido por varios meses y el año pasado fue localizado en Italia.
En ese país, en abril de 2021, fue detenido por la policía, que hizo efectiva una solicitud de Interpol emitida en el 2019 toda vez que es requerido por la justicia de Panamá. Pero días después fue liberado porque Panamá nunca firmó un acuerdo bilateral de extradición, como sí lo hizo Italia.
De hecho, la no ratificación de este tratado de extradición fue una jugada política de diputados del partido Cambio Democrático (CD), en 2016. Los entonces diputados, liderados por Noriel Salerno, se negaron a ratificar el convenio que había acordado el Ejecutivo que lideraba Juan Carlos Varela (2014-2019).
