El Ministerio Público realizó una diligencia de allanamiento en unas oficinas ocupadas por Panama Ports Company (PPC), en Albrook, tres días después de que la empresa fuera desalojada de los puertos de Balboa y Cristóbal, los cuales operó en concesión por casi 30 años.
El allanamiento tuvo lugar en tres oficinas que la portuaria ocupa en una plaza comercial llamada Terrazas de Albrook.
La diligencia es conducida por el fiscal Azael Samaniego, la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Anticorrupción, con participación de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.
La Prensa conoció que la acción fue puesta en marcha de oficio, luego de conocer que la portuaria estaba ocultando información sobre las operaciones de Balboa y Cristóbal.
El fiscal no quiso especificar cuál es el “hecho ilícito” que se investiga, pero advirtió que toda la documentación quedará bajo custodia del Ministerio Público, que se la llevó del lugar en cajas acomodadas en la parte trasera de varios pick ups.
Samaniego tampoco sabe a quién pertenecen las oficinas donde se encontró la documentación.
La diligencia del Ministerio Público, en las oficinas que supuestamente están relacionadas con la empresa Panama Ports Company, fue conducida por el fiscal Azael Samaniego, de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Anticorrupción. Video: Anel Asprilla pic.twitter.com/4ooCcTdek0
— La Prensa Panamá (@prensacom) February 26, 2026
Ambos puertos son operados por APML Terminal (filial de la naviera Maersk) y TIL Panamá, S.A. (brazo portuario de MSC), respectivamente, desde el pasado lunes 23 de febrero, el mismo día que fue divulgado en Gaceta Oficial (GO) el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997, que adoptó el contrato de concesión de PPC.
Con esa publicación, la empresa se quedó sin contrato y sin concesión, por lo que ese mismo día, la AMP acordó con TIL y APML Terminal para que cada una opere un puerto, por los próximos 18 meses.
Balboa ya recibió su primera embarcación, bajo la administración de APML. Maersk ya es el principal usuario de ese puerto: representa por lo menos el 80% de la carga que ocupa esa terminal.
En Cristóbal, la operación no fluye con tanta celeridad. TIL habría recibido su primer contenedor este jueves. Coincidentemente, desde hace años es el principal usuario de esa terminal.
La puesta en marcha se ha dado con el personal que ya estaba laborando en los puertos cuando ingresaron los nuevos concesionarios. El Ministerio de Trabajo, que ha hecho un acompañamiento de todo el proceso, sostiene que ni un solo trabajador ha sido destituido.
PPC, subsidiaria local de CK Hutchison, no ha ocultado su malestar por estas decisiones y hasta anunció la presentación de por lo menos dos arbitrajes contra la República de Panamá.
Ha dicho que el Estado le “obligó” a cesar sus operaciones, como parte de una “campaña ilegal” contra la empresa, inversionistas, clientes, personal, terminales y contrato. Insiste que el Gobierno ejecutó una “confiscación”, obviando que su contrato fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema y su concesión, por tanto, “no existe”, según está anotado en la página 67 del fallo del 29 de enero de 2026, publicado en la GO del 23 de febrero.
La Prensa solicitó una reacción a Alejandro Kouruklis, asesor de PPC, y se mantiene a la espera de dicha respuesta.
