La Fiscalía Superior de Liquidación solicitó que se declare como causa compleja la investigación seguida a Ali Zaki Hage Jalil, Mohhmound Moutan Mohammad y Mahamad Taha Moutan por la explosión de un avión comercial panameño ocurrida en julio de 1994, hecho que dejó 21 víctimas fatales y que ha sido vinculado a la organización chií libanesa Hizbulá.
A través del edicto No. 57, fijado en la sede del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, se notificó a las partes sobre la solicitud presentada por la fiscal Geomara Guerra.
Fuentes ligadas a la investigación revelaron que la petición busca extender por un año adicional el plazo de investigación, debido a que la Fiscalía aún debe concluir varias diligencias relacionadas con la explosión del avión de la empresa Alas Chiricanas.
La reapertura de la investigación
La Fiscalía mantiene cargos contra Mohmoud Moutan Mohammad, Mahamad Taha Moutan y Gilberto Tomás Yangüez por su presunta participación en los hechos que provocaron la explosión de la aeronave.
El 19 de noviembre de 2006, el Segundo Tribunal Superior decretó un sobreseimiento provisional de la investigación. Sin embargo, en 2019 la Fiscalía de Descarga del Ministerio Público solicitó la reapertura del caso.
Autoridades israelíes proporcionaron a Panamá información sobre la presunta vinculación de Ali Zaki Hage Jalil con la explosión del avión, así como datos que indicaban que el sospechoso había salido del país.
Extradición de Ali Zaki
Hay que recordar que Ali Zaki Hage Jalil llegó a Panamá el pasado 20 de abril, luego de que las autoridades venezolanas accedieran a su extradición para que enfrente un juicio por la explosión del avión.
Las autoridades panameñas lo vinculan con el grupo Hizbulá y sostienen que el atentado estuvo dirigido contra miembros de la comunidad judía que viajaban en la aeronave.
Zaki fue detenido en la isla de Margarita, en Venezuela, donde permanecía oculto. Posteriormente, tras labores de inteligencia desarrolladas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), fue ubicado y se gestionó su extradición.
El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, no descartó la posibilidad de que Zaki enfrente también la justicia estadounidense, debido a que entre las víctimas del atentado había ciudadanos de ese país.
Por su parte, la defensa de Zaki sostiene que la investigación se encuentra prescrita, al haber transcurrido 32 años desde los hechos.
Según sus abogados, la pena máxima aplicable para este delito, de acuerdo con el Código Penal vigente en aquella época, era de 20 años de prisión.
El equipo legal también aseguró que no existen pruebas que vinculen directamente a su cliente con los hechos que ocasionaron la explosión de la aeronave.
