La Fiscalía Regional de Veraguas formuló cargos al militar retirado Eros Ramiro Cal por su presunta participación en la desaparición del sacerdote Héctor Gallego ocurrida el 9 de junio de 1971 en Santa Fe, en esa misma provincia.
Fuentes ligadas al proceso revelaron que la fiscalía vincula a Cal con la desaparición de Gallego, ya que el militar era jefe de la zona de la provincia de Veraguas al momento en que se produjo el hecho.
También se informó que Cal podría quedar fuera de la investigación, ya que será sometido a una serie de análisis médicos para determinar si es imputable, ya que, debido a su avanzada edad mantiene padecimientos de salud que podrían dejarlo fuera de este proceso judicial.
A la vez que conoció que la fiscalía desarrolló una diligencia de inspección y búsqueda en las instalaciones que mantiene el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en Tocumen, en donde operó el antiguo cuartel de Los Pumas de Tocumen, y adonde algunos testimonios señalan que fue trasladado Gallego, tras su detención en Santa Fe.
El 6 de mayo de 2025, la fiscalía también practicó una diligencia de inspección en la sede del instituto Nacional de Agricultura (INA) luego de recibir información sobre la posible existencia de restos humanos que podían corresponder a los del sacerdote, pero dicha diligencia no dio resultados positivos.
En mayo pasado la policía dio con la captura de Eugenio Magallón, condenado a 15 años de prisión por su participación en la desaparición de Gallego, quien se había mantenido prófugo de las autoridades por 32 años.
Magallón fue enviado a prisión, pero luego un juez de cumplimiento le aplicó una medida de depósito domiciliario debido a problemas de salud y su avanzada edad.
En un juicio realizado el 26 de octubre de 1993, un jurado de conciencia condenó a los militares Melbourne Walker, Nivaldo Madriñán y Magallón por el secuestro y asesinato de Gallego, cuyo cuerpo nunca fue recuperado.
En diciembre de 2024, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales ordenó la reapertura de la investigación por la desaparición de Gallego, a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su decisión, los magistrados del Tribunal Superior de Coclé y Veraguas precisan que el fallo condenatorio expedido en 1993 contra los militares Madriñan, Walker y Magallón por la desaparición del sacerdote fue en su condición de cómplices, y que se hace necesario ubicar a los autores intelectuales y materiales de estos hechos.
También destacan los magistrados en el fallo que la desaparición forzada se considera un crimen de lesa humanidad, una calificación que conlleva importantes consecuencias jurídicas y penales. Estos crímenes son reconocidos como los más atroces que un individuo puede cometer contra otro, lo que implica su carácter imprescriptible y la obligación de ser perseguidos.
Tras esto el expediente fue reabierto por la Fiscalía Regional de Veraguas que practicó diligencias para establecer el posible paradero de los restos de Héctor Gallego.
Sin embargo, muchos de los militares que podrían tener conocimiento de los sucedido al sacerdote colombiano han fallecido y otros tienen una edad avanzada.
Las autoridades nunca han podido establecer con exactitud el móvil por el cual miembros de la Guardia Nacional acudieron a la residencia de Gallego la noche del 9 de junio de 1971.
En 2003, la CIDH recibió una petición del Comité de Familiares de Desaparecidos Héctor Gallego (Cofadepa-HG), sobre hechos de violencia, abuso de poder y desapariciones forzadas cometidas por la dictadura militar en Panamá (1968–1989).
El Comité de Familiares de Desaparecidos Héctor Gallego (Cofadepa-HG) ha exigido durante años la identificación de los restos óseos ubicados en el antiguo Cuartel de Los Pumas de Tocumen, uno de los cuales fueron identificados como los de Heliodoro Portugal. El comité exige realizar nuevas pruebas de ADN a estos restos óseos para tener certeza de a quien corresponden.
