El reloj judicial comenzó a correr para el Ministerio Público.
Desde el martes 28 de julio, la Fiscalía cuenta con 10 días para presentar el escrito de acusación contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, luego de que concluyera el plazo de investigación autorizado por un juez de garantías.
El plazo comenzó a correr luego de que concluyera el período de investigación de seis meses otorgado por un juez de garantías.
Fuentes judiciales confirmaron que, una vez finalizada la fase de investigación, la Fiscalía Anticorrupción debe notificar a los abogados defensores el cierre de las diligencias. A partir de esa comunicación, cuenta con un término de 10 días para presentar el escrito de acusación.
El documento deberá precisar el delito por el cual la fiscalía solicita llevar a juicio a Carrizo, así como los elementos de convicción recabados durante la investigación.
Asimismo, deberá incluir la pena que el Ministerio Público considera aplicable. Posteriormente, durante la audiencia intermedia, la fiscalía deberá sustentar su teoría del caso y presentar las pruebas con las que pretende acreditar la responsabilidad penal del exvicepresidente.
Jueces rechazaron ampliar la investigación
Esta semana, dos jueces de garantías rechazaron solicitudes de la Fiscalía Anticorrupción para ampliar el plazo de investigación contra Carrizo.
En una primera audiencia, celebrada la semana pasada, un juez negó la petición de la fiscalía de extender por seis meses adicionales el período de investigación para concluir las pesquisas.
Posteriormente, en una segunda audiencia ante otro juez de garantías, la Fiscalía Anticorrupción solicitó que el caso fuera declarado de causa compleja, lo que le habría permitido ampliar la investigación hasta por un año. Sin embargo, esa solicitud también fue rechazada.
Cabe recordar que el pasado 28 de enero un juez de garantías imputó cargos a Carrizo por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.
De acuerdo con la imputación del Ministerio Público, un informe de la Contraloría General de la República concluyó que Carrizo incrementó su patrimonio en $1.9 millones durante su gestión como servidor público, sin poder justificar el origen de esos fondos. Desde su imputación, el exvicepresidente permanece bajo la medida cautelar de depósito domiciliario.
Carrizo forma parte de un grupo de exfuncionarios de la administración del expresidente Laurentino Cortizo que enfrentan procesos penales por distintos delitos.
Entre ellos figuran el exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz; el exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva; el exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands; el exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses; y el exalcalde de Colón, Alex Lee.
