Un total de 21 exrepresentantes, extesoreros y representantes de corregimiento imputados por delitos de peculado relacionados con el manejo de fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) han sido beneficiados con medidas cautelares distintas a la detención preventiva.
En contraste, solo siete enfrentan detención provisional o arresto domiciliario, según resoluciones de los jueces de garantías de distintos circuitos judiciales del país.
Fuentes judiciales informaron que hasta ahora se han realizado unas 60 audiencias de imputación, aplicación de medidas cautelares y apelación ante tribunales superiores. En la mayoría de los casos se han impuesto medidas de impedimento de salida del país y notificación periódica, tras imputarse cargos por peculado.
Sin embargo, los jueces de garantías han mostrado criterios dispares al valorar los indicios presentados por el Ministerio Público.
Uno de los casos más comentados es el del exrepresentante de Barrio Colón (Panamá Oeste), Leopoldo Antonio Lee, a quien el juez de garantías decidió no imputar cargos, al considerar que se violó el debido proceso, pues la Contraloría General no recibió las aclaraciones sobre el uso de los fondos comunales.
Otro caso es el del exrepresentante de Salud y actual alcalde de Chagres, Eugenio Delgado, a quien se le atribuye una lesión patrimonial de $1.4 millones, pero el juez le concedió arresto domiciliario.
De igual forma, el exrepresentante de Cristóbal Este (Colón), Joel Rodríguez, obtuvo la revocatoria de la detención provisional, reemplazada por notificación mensual, impedimento de salida del país y prohibición de acercarse a la Junta Comunal, pese a que la lesión patrimonial supera el millón de dólares.
El exrepresentante de Villa Rosario (Panamá Oeste), Carlos Alberto Montenoir, solo recibió la prohibición de acercarse a los testigos, aunque la investigación detectó una lesión patrimonial de $854,457.
Por el contrario, al exrepresentante de El Carate de Las Tablas en Los Santos, Paulino González, se le ordenó detención provisional por un presunto perjuicio de $454,184.
En tanto, la exrepresentante de Arosemena (Panamá Oeste), María Jaén, mantiene arresto domiciliario, pese a que se le atribuye una lesión de $671,936.
También se decretó detención preventiva al exrepresentante de Coclé, Gustavo Nelson Márquez, investigado por el manejo irregular de $92,797.
Los procesados están vinculados con irregularidades en el uso de fondos de descentralización entre 2019 y 2024, específicamente del Programa de Desarrollo e Interés Social (PDIS), destinados a proyectos en comunidades de escasos recursos.
El presidente José Raúl Mulino ha manifestado su descontento por la benevolencia de algunas medidas cautelares en casos de alto perfil. En una conferencia el 2 de octubre, calificó de “burla” que personas vinculadas a millonarios desfalcos reciban notificación periódica en lugar de detención, y luego queden en libertad.
El Ministerio Público mantiene una lista de 70 exrepresentantes, representantes y alcaldes investigados por peculado en el manejo de fondos del PDIS. Entre las juntas comunales señaladas figuran la de Belisario Porras, con más de $8 millones, y Amelia Denis de Icaza, con $5.5 millones, cuyos exrepresentantes aún no tienen definida su situación jurídica.
En el marco de estas investigaciones, la Fiscalía Anticorrupción realizó diligencias en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Nacional (BNP) para ubicar información sobre los desembolsos efectuados por la AND a 70 juntas comunales y municipios en 2024.
Datos oficiales de la entidad revelan que se detectaron $320 millones sin sustento en el denominado PDIS, conocido como la “descentralización paralela”. Hasta la fecha, se han presentado 294 denuncias ante el Ministerio Público por el presunto mal uso de fondos en 257 juntas comunales y 37 municipios, con un monto investigado que supera los $213 millones.
