Los autoridades a cargo de las investigaciones para desentrañar el presunto fraude contra veteranos de guerra de Estados Unidos, residentes en Panamá, están a la espera de imputar a unas 30 personas, entre individuos y empresas.
Fuentes ligadas a la investigación revelaron que se ha fijado una audiencia de imputación para octubre próximo, en la que se acusará a Marianela Martínez Hidrogo de Alvarado, esposa del médico Javier Alvarado, quien ya ha sido imputado en este proceso por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales y estafa agravada.
Este caso, declarado como causa compleja en febrero pasado, aún mantiene un número considerable de diligencias pendientes que deben culminar antes del 10 de febrero de 2025, cuando expira la prórroga concedida por un juzgado de garantías.
Hasta la fecha, la fiscalía ha imputado cargos a los médicos Javier Alvarado, Walter Kravcio y Rolando Chin De León, así como a Neuro Test Services Corp., Paincare Inc., Hemodinámica de Colón, S.A., y Neurophys Inc.
Las fuentes explicaron que todavía existen al menos una treintena de casos de veteranos de guerra que presuntamente fueron estafados al recibir atención en clínicas privadas en Panamá.
Algunos de estos veteranos residen en Chiriquí, por lo que el equipo de la fiscalía a cargo de las pesquisas debe trasladarse a esa provincia para realizar las diligencias correspondientes.
Hasta agosto de 2023, la fiscalía había logrado asegurar la suma de $585,689 depositados en bancos locales, que se presume forman parte del dinero pagado por el gobierno estadounidense para que sus veteranos recibieran atención médica en Panamá.
Recientemente, se informó que 36 proveedores médicos en Panamá han sido suspendidos del Programa Médico Extranjero del Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos (VA, por sus siglas en inglés), tras una investigación por supuesto fraude en perjuicio de veteranos, quienes habrían sido facturados por servicios médicos que no recibieron.
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“Estos proveedores fueron implicados en una denuncia penal por presentar miles de reclamos falsos al VA, relacionados con servicios que fueron facturados dos veces, con precios exageradamente altos, innecesarios o no prestados, lo que resultó en una pérdida estimada de 67 millones de dólares”, señaló la agencia estadounidense encargada de proporcionar beneficios a los veteranos y sus dependientes.
