La juez de garantías Irene Cedeño aplicó la medida cautelar de detención provisional para 10 de los 23 imputados por blanqueo de capitales, peculado y corrupción como parte de una red que presuntamente falsificó diplomas para obtener nombramientos y mejorar salariales dentro del Ministerio de Educación (Meduca).
En una audiencia que se inició el pasado jueves y que culminó a las 7:30 p.m. de ayer domingo 30 de agosto, la juez Cedeño también aplicó la medida cautelar de depósito domiciliario de otros 13 imputados. Esta medida se adoptó por razones humanitarias ya que algunos de los procesados mostraban padecimientos de salud.
Durante la audiencia, la juez acogió la imputación de cargos presentados por la fiscal Elizabeth Carrión por delitos de falsificación de documentos, ejercicio ilegal de la profesión, peculado, delincuencia organizada y blanqueo de capitales.
La juez estimó que en este caso las medidas cautelares aplicadas eran las más idóneas por tratarse de delitos graves, consideró que se afectó a la sociedad al tener docentes no idóneos para impartir clases y que recibieron un remuneración por parte del Estado.
Según la investigación de la fiscalía, el grupo criminal causó un perjuicio patrimonial al Estado por la suma de $767,687 y, además, ocasionaron serios perjuicios a otros docentes que calificaban para desempeñar labores educativas, pero que no fueron seleccionados.
Modus Operandi
Según la investigación el grupo criminal, entre los que se encontraban funcionarias de la Dirección de Informática del Meduca, elaboraba perfiles falsos de docentes que supuestamente habían cursado estudios en la Universidad de Cartago, cerrada en 2014, y los incluían como parte de su currículum para participar en el proceso de selección de maestros y profesores.
La fiscalía logró ubicar en los bancos que uno de los imputados tenía $70 mil que se presume es producto del cobro realizado a los maestros y profesores que solicitaban sus servicios.
Las pesquisas revelaron que los imputados pagaban hasta $4 mil por la alteración de la información y que, si no tenían fondos para pagar, eran llevados a una financiera en donde se les concedía un préstamo gestionado por una docente, quien a su vez recibía una comisión de la empresa.
La fiscal Carrión alegó que el grupo a lo interno del Meduca actuaba como una organización delictiva en la que había repartición de tareas y movimiento de dinero producto de la actividad ilícita.
