El capítulo panameño de Transparencia Internacional aseguró que "las revelaciones sobre interferencias externas y manejos fraudulentos que supuestamente involucran a miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) causan un generalizado y peligroso sentimiento de desconfianza sobre las actuaciones de quienes forman parte del sistema judicial".
Las declaraciones de la la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana se dan luego de que este medio revelara que el ciudadano César Alvarado Taylor interpuso dos denuncias por la venta de un fallo tras el pleito por la venta de ocho fincas en 2002. Este hecho involucra a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Hernán De León y Oydén Ortega.
La Fundación dio a conocer que ha monitoreado el desempeño y la capacidad del Órgano Judicial de procesar y resolver 20 casos de corrupción de alto nivel, y ha comprobado la falta de voluntad y de recursos para la implementación de la carrera judicial, la interinidad de los jueces, el exceso de recursos judiciales temerarios, la incapacidad de realizar audiencias, el uso cuestionable de acuerdos de colaboración eficaz, están dando como resultado una moral judicial escandalosa.
Calificó como “incomprensible” que los magistrados de la CSJ ignoren su obligación legal de crear un Tribunal de Ética e Integridad para enfrentar, con los estándares de mejores prácticas internacionales para la independencia judicial, las irregularidades que ocurren en tribunales y juzgados. Esto, deja manifiesta la impunidad, agregó la Fundación.
Sobre el Ejecutivo señaló que éste ha impactado la capacidad del Órgano Judicial de forma negativa en dos aspectos: “la inédita moral en el nombramiento de los magistrados de la CSJ y la falta de asignación de los presupuestos necesarios para la implementación de la carrera judicial”.
Añadió que la crisis institucional genera una profunda desconfianza en la ciudadanía sobre la justicia como servicio público, lo que es el pilar de la democracia y garante de la igualdad ante le ley. “Es mucho lo que está en juego. Urge voluntad política para el cambio y acción ciudadana para exigirlo”.
También se refirió a otros casos como el que enfrenta el expresidente Ricardo Martinelli por violar la intimidad de los panameños, al que calificó de “accidentado proceso”.
Agregó que la impunidad ganó terreno con el “bochornoso” fallo de la Corte de octubre de 2017 con el que se cerró el caso Finmeccanica; los fallos cuestionados del juez Leslie Loaiza, la falta de resultados en el caso Odebrecht, entre otros.