El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial mantuvo la medida cautelar de depósito domiciliario al dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López, dentro del proceso que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, estafa agravada y falsedad de documentos, en perjuicio de un grupo de trabajadores afiliados a dicha organización sindical que laboraban en el proyecto Red Frog, en la provincia de Bocas del Toro.
Los magistrados Frank Torres, Adrián Hernández y Yanelka Guzmán desestimaron la apelación presentada por el abogado César Ruiloba, defensor de López.
El Tribunal consideró que la defensa no aportó elementos nuevos que justificaran la variación de la medida cautelar de retención domiciliaria y uso de brazalete electrónico aplicada al dirigente sindical.
Según el fallo, las medidas impuestas deben mantenerse debido a la gravedad de los delitos imputados y al riesgo de fuga existente.
Durante la audiencia, la defensa de López argumentó que su cliente mantiene arraigo familiar, no representa un peligro para la comunidad y no existe riesgo de destrucción de pruebas.
El propio López, quien compareció de forma virtual desde su residencia, reiteró que el proceso en su contra tiene un trasfondo político y señaló que padece problemas de salud que requieren atención médica constante.
Por su parte, Fernando Bultrón, representante de las víctimas, solicitó al tribunal mantener la medida de retención domiciliaria, recordando que los también imputados Saúl Méndez y Erasmo Cerrud se encuentran ausentes.
Méndez permanece prófugo de la justicia, mientras que Cerrud está asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá.
El tribunal también rechazó una petición presentada por Bultron para impedir tenga acceso a las redes sociales, esto luego que en vídeo grabado desde su residencia, poco despúes de haber sido imputado, hciese un llamado a los miembros a continuar la lucha y en el que atribuyó su caso a una presecución del gobierno.
En la audiencia también hicieron uso de la palabra tres de las presunta victimas a las que Suntracs habría arrebatado 14 fincas entregadas por la empresa Pillar Construction S.A., a modo de compensación, tras perder un litigio laboral en 2011 por un monto de $7 millones con un grupo de 400 trabajadores del proyecto Red Frog, entre prestaciones laborales y costas legales.
En 2012, Suntracs firmó un acuerdo extrajudicial con la empresa, reduciendo el pago a $3 millones, con 14 fincas como garantía.
Ante el incumplimiento de la empresa, en 2020 las fincas fueron traspasadas a nombre de Suntracs.
En 2022, el sindicato las hipotecó para pagar en efectivo a los trabajadores, pero al menos 143 de los beneficiarios presentaron una querella, alegando, entre otras cosas, que no participaron en la asamblea ni autorizaron la operación, y que algunos ni siquiera eran afiliados al sindicato.
Gladis Sánchez, una de las supuestas víctimas, alega que el Suntracs nunca les notificó de la existencia de un acuerdo extrajudicial con Pillard Construcción y que algunos trabajadores firmaron los finiquitos bajo presión.
También Eliades Sánchez aseguró que todo se trató de una estratagema del Suntracs para apropiarse del dinero de los trabajadores.
