El Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo las medidas de notificación periódica para el dirigente sindical Genaro López y de retención domiciliaria para Marco Andrade, dentro de la investigación que se les adelanta por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y peculado, relacionados con fondos entregados por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) a la Confederación Nacional de Unidad Sindical (Conusi) para capacitación laboral.
En una audiencia que comenzó a las 8:30 a.m. y se extendió hasta las 3:45 p.m. de este martes 14 de julio, los magistrados decidieron mantener las medidas cautelares impuestas el pasado 27 de junio por el juez de garantías Fermín Bonilla, al considerar que eran adecuadas y conducentes para esta etapa del proceso.
López y Andrade también tienen prohibido acercarse a las instalaciones del Mitradel y de Conusi, con el objetivo de evitar una posible destrucción de pruebas o afectación a testigos.
López está imputado por la presunta comisión del delito de peculado doloso, mientras que a Andrade se le formularon cargos por blanqueo de capitales y peculado por extensión.
Durante la audiencia, el fiscal anticorrupción Eduardo Rodríguez insistió en que entre los años 2019 y 2025, período en el que López y Andrade se desempeñaron como secretarios generales de Conusi, se registraron presuntos manejos irregulares de los recursos asignados a esa organización para la formación laboral de trabajadores.
De acuerdo con la Fiscalía, una auditoría realizada por la Contraloría General de la República determinó una lesión patrimonial por $760 mil 951 en los fondos entregados a Conusi para estos programas.
El fiscal Rodríguez detalló que entre las irregularidades detectadas durante la investigación figuran beneficiarios de programas de formación laboral que eran personas fallecidas, menores de edad y casos en los que los números de cédula no coincidían con la identidad de quienes supuestamente participaron en los cursos.
Además, atribuyó a Andrade el uso de $59 mil destinados a la formación de trabajadores para la compra de un vehículo y otros bienes, los cuales posteriormente intentó traspasar al dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez.
Por su parte, Javier Quintero, abogado defensor de López, afirmó que su cliente no incurrió en ninguna actividad ilícita y que ha presentado sus descargos sobre el manejo de los fondos de Conusi durante su gestión.
Quintero alegó que la Fiscalía incurrió en un error al establecer el tipo penal, debido a que ni Andrade ni López son funcionarios públicos y no tenían bajo su responsabilidad el manejo de fondos públicos.
