INVESTIGACIóN A MONCADA LUNA

'Aquí hubo gente que se nos fue para el extranjero': Pedro Miguel González

'Aquí hubo gente que se nos fue para el extranjero': Pedro Miguel González
'Aquí hubo gente que se nos fue para el extranjero': Pedro Miguel González

El diputado Pedro Miguel González, que actuó como fiscal dentro del proceso seguido a Alejandro Moncada Luna, advirtió hoy, martes, que no tiene facultades para investigar a los titulares de las cuentas bancarias que fueron cauteladas por su vinculación con el separado magistrado.

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Alejandro Moncada Luna se declara culpable; enfrentaría 60 meses de prisiónLo que pasó en más de 4 mesesCautelan más dinero en el caso Moncada

González remarcó que –como dicta la Constitución-  la Asamblea investiga a los miembros de la CSJ, más no a particulares, lo que para él representó una “gran limitación”.

“Aquí hubo gente que se nos fue para el extranjero y nunca regresaron, porque no podíamos solicitar que se le impidiera su salida  del país. Esta fiscalía ni la Asamblea, no tenían la capacidad para investigar y procesar a estas persona”, indicó.

Ayer, González pactó con Moncada Luna un acuerdo en el que éste se declara culpable de dos de los cuatro delitos que se le imputan: enriquecimiento injustificado y falsedad ideológica de documentos públicos. Hoy, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá lamentó –a través de su presidente José Ford-  que se desestimaran así otros cargos contra la administración pública –como blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios-, “posiblemente lo más importantes para la sociedad, que eviten que muchos involucrados salgan a la luz pública”.

El acuerdo pactado con Moncada Luna -que impone una pena de 60 meses de prisión e igual periodo de inhabilitación para ejercer funciones públicas- debe ser avalado por la subcomisión de garantías.



Como parte de sus diligencias, González cauteló 14 cuentas bancarias, con depósitos totales por $4.6 millones de dólares, a nombre de empresa que obtuvieron contratos en el bienio 2012-2013 en que Moncada Luna presidió la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La investigación probó que el magistrado separado obtuvo beneficios de estas cuentas; fueron retenidas por su vinculación con otros tipos penales que se investigaban y que estaban enmarcadas en el delito de corrupción y el blanqueo de capitales.

Sostuvo que quedará en manos de otras entidades investigar a estas personas. “Para eso existen las autoridades judiciales y nada impide que el resultado de este proceso lleve a una investigación de esa naturaleza. Existen en el país entidades que tienen competencia para desarrollar ese tipo de investigaciones y que ya no le competen a la Asamblea”, destacó. 

El acuerdo pactado con Moncada Luna -que impone una pena de 60 meses de prisión e igual periodo de inhabilitación para ejercer funciones públicas- debe ser avalado por la subcomisión de garantías. González no sabe cuándo se reunirá esta,  aunque la  diputada Katleen Levy, presidenta de la subcomisión, dijo que podría ser la próxima semana.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) exhortó al Ministerio Público a que realice las investigaciones “pertinentes” en los posibles delitos que se deriven de este caso, “tal como ha sido anunciado por el fiscal de la causa”.

RESULTADO ADVERSO

Según González -en entrevista a TVN-, si se hubiese llegado a un juicio en el pleno legislativo “nosotros habríamos convencido a la inmensa mayoría del pueblo de nuestra teoría del caso” que era de que Moncada Luna era culpable en los cuatro cargos que se le imputaba.

Sin embargo, por tener un “componente político” este proceso -sobre todo porque se realizaba en la Asamblea- también se habría tenido “un resultado adverso”. 

Pedro Miguel González defendió el acuerdo de los 5 años de prisión. No obstante, aclaró que solo las juezas de garantías podrán dictar el fallo sobre los años.



González resaltó el trabajo realizado en la investigación, que duró cuatro meses. Dijo que fue una labor “profesional” que contó el apoyo de funcionarios del Ministerio Pública y de la Contraloría General de la República. “Demuestra la capacidad que puede tener la institucionalidad si opera”, dijo.

Sobre la negociación con el magistrado separado, explicó que el Sistema Penal Acusatorio permite que los acusados lleguen acuerdo con las autoridades. “Estadísticas indican que el 90% de los casos se están resolviendo por vía de acuerdo”, agregó.

También defendió el acuerdo de los 5 años de prisión. No obstante, aclaró que solo las juezas de garantías podrán dictar el fallo sobre los años. “No lo podrán subir, en todo caso disminuir”, dijo.

González también habló sobre la falta de confianza y la corrupción en el sistema de judicial. A su juicio, no solo la justicia está “carcomida, sino todas la instituciones. Creo que este es fenómeno social”.

“Creo que lo que ha ocurrido en este caso marca la pauta en un futuro. Tenemos que curarnos de este cáncer. No hubiera funcionarios corruptos sino hubiesen empresarios corruptos. Todo lo que se está haciendo es sano, y en este caso [el de Moncada Luna] estamos haciendo que la institucionalidad opere. Hay certeza del castigo", sostuvo. 

 

'La Corte Suprema acatará decisión que emane de la Asamblea'

Este es el comunicado de la Corte Suprema de Justicia:

“La próxima culminación del proceso penal seguido ante la Asamblea Nacional contra un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, con un acuerdo propuesto por el diputado fiscal, donde el imputado y la defensa aceptan responsabilidad sobre 2 de los 4 delitos imputados y acuerdan pena principal yaccesoria, permite reflexionar y concluir lo siguiente:

La Corte Suprema de Justicia siempre respetará la separación de poderes y acatará toda decisión que emane de la Asamblea Nacional, actuando en función judicial.

Está por resolverse, en menos de 5 meses, un proceso penal por 4 delitos, poniendo a prueba los juicios penales ante la Asamblea Nacional, dentro del Sistema Penal Acusatorio.

El funcionamiento abierto y expedito de este nuevo sistema penal, fortalece la institucionalidad, pues su método transparente y garantista, hace evidente la igualdad de todos los ciudadanos ante la Constitución y la Ley.

La nueva Ley de Carrera Judicial recientemente aprobada y pendiente de sanción, propiciará que los usuarios del sistema de administración de justicia sean atendidos por los mejores funcionarios judiciales y administrativos, y que sin violentar garantías fundamentales, se prescinda de aquellos cuyos actos no sean transparentes.

La Corte Suprema de Justicia subraya que el Órgano Judicial es un pilar del Estado de Derecho y recalca que el continuo mejoramiento integral de los Tribunales de Justicia, Juzgados y oficinas administrativas, propiciará la cultura de la legalidad, que conllevará a un clima de paz en la comunidad, a una estabilidad social y al progreso económico de nuestro país".

 


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