El Gobierno Nacional aseguró la continuidad operativa, laboral y contractual de los puertos de Balboa (Panamá) y Cristóbal (Colón) tras el fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión con Panama Ports Company (PPC), y anunció que el proceso concluirá con una nueva concesión bajo términos más favorables para el país.
En un mensaje al país, el presidente de la República, José Raúl Mulino, explicó que, mientras el fallo no quede ejecutoriado, Panama Ports, filial del consorcio hongkonés CK Hutchison, continuará operando sin cambios. Una vez en firme, se abrirá un período de transición ordenada, al término del cual se adjudicará una nueva concesión mediante un proceso abierto, participativo y transparente, orientado a defender los intereses del Estado panameño y garantizar mejores beneficios para el país.
Para coordinar esta etapa, fue designado Alberto Alemán Zubieta como asesor presidencial y líder de un equipo técnico especializado. Asimismo, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) fue instruida a coordinar con la empresa concesionaria las acciones necesarias durante la transición, con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo, encargado de velar por el respeto de los derechos laborales.
El Ejecutivo señaló que no habrá despidos y que los derechos de los trabajadores portuarios están garantizados. También aseguró a clientes y proveedores la continuidad de los servicios y contratos vigentes, sin alteraciones durante el proceso de transición.
Como parte del plan, el Gobierno confirmó que ha sostenido acercamientos con operadores portuarios internacionales y destacó la disposición de APM Terminals Panama, subsidiaria del grupo AP Moller–Maersk, para asumir de manera transitoria la operación de ambas terminales, una vez el fallo quede ejecutoriado, hasta que se concrete la nueva concesión.
Reiteró además, que los puertos son un activo estratégico para la economía y el comercio internacional, por lo que desde hace un año se activó un plan de contingencia para enfrentar cualquiera de los escenarios derivados de la decisión judicial.
Por su parte, China aseguró más temprano, que adoptará “todas las medidas necesarias” para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas tras la decisión del Tribunal.
En horas de la noche de este jueves 29 de enero de 2026, se informó que la decisión del Pleno de la Corte, que declara inconstitucional el contrato suscrito entre el Estado y PPC, fue unánime.
Dicha decisión se da luego de que el contralor Anel Flores, presentara la demanda por inconstitucionalidad el pasado miércoles 30 de julio, junto a una demanda ante la Sala Tercera de la Corte, en la que solicitaba la nulidad del contrato de concesión suscrito entre el Estado y PPC en 1997, durante la administración de Ernesto Pérez Balladares.
