La jueza primera liquidadora de causas penales, Águeda Rentería, decretó la nulidad del proceso seguido contra 45 personas por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional (PAN), a través de la compra de bolsas de granos destinadas a las escuelas públicas.
Tras culminar los alegatos de la fiscalía y los abogados defensores, la jueza Rentería resolvió varios incidentes de nulidad presentados, en los que se argumentaba que la fiscalía excedió el plazo de seis meses para la investigación sin solicitar una prórroga para continuar con las diligencias.
Fuentes del Órgano Judicial confirmaron que la jueza Rentería decretó la nulidad del proceso a partir de la página 8,598 del expediente, lo que incluye el acto de llamamiento a juicio.
Durante el juicio, que inició el pasado lunes 10 de marzo, la fiscalía solicitó condena para 25 de los investigados y un veredicto absolutorio para otros 19 procesados.
Abilio Batista, defensor de Diego Dolande, aseguró que la fiscalía violó el debido proceso al exceder el tiempo de investigación sin haber solicitado autorización al tribunal para continuar con las diligencias.
Por su parte, David Cuevas, abogado de Abraham Williams, sostuvo que este caso es una clara muestra de que el Ministerio Público no se apegó a las normas establecidas para llevar a cabo la investigación.
Durante el juicio, la fiscalía presentó como prueba un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, el cual reveló una lesión patrimonial de 2.3 millones de dólares.
También se presentó la declaración del exdirector del PAN, Rafael Guardia Jaén, quien afirmó haber recibido instrucciones directas del exasesor presidencial Adolfo ‘Chichi’ de Obarrio (prófugo) sobre la asignación de los contratos para el suministro de granos.
Al inicio del juicio, la jueza Águeda Rentería validó un acuerdo de pena para Mario Martinelli, quien fue condenado a 40 meses de prisión y al decomiso de 3.2 millones de dólares.
La fiscalía anunció un recurso de apelación contra el fallo de la jueza Rentería, el cual deberá ser resuelto por el Tribunal Superior de Apelaciones.
