El 25 de agosto, hombres armados dispararon contra una pareja dentro de un vehículo estacionado en una plaza comercial de Villa Lucre, San Miguelito. El ataque ocurrió alrededor de las 5:00 p.m., a pocos metros de una estación del Metro.
Se llamaban Luis Enrique Bonilla Santo, de 32 años, y Julissa Esther Guerra Lorenzo, de 37 años y embarazada. Bonilla murió en el lugar. Guerra falleció horas después en un hospital. El ataque dejó tres víctimas: la pareja y el feto que la mujer esperaba.
El pasado martes 1 de septiembre, periodistas consultaron al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, qué se sabía del caso. Fernández respondió: “Estamos recabando con la Dirección de Investigación Policial, y con las cámaras de los alrededores, tenemos bastante evidencia. La línea de investigación apunta al crimen organizado o al gota a gota”.
La Prensa consultó a Fernández sobre los tentáculos del gota a gota en Panamá.
El director confirmó que “aquí se han presentado ya varios casos” y han hecho varias operaciones contra los gota a gota, modalidad que calificó como “estructuras que le lavan la plata a organizaciones criminales y pandillas”, por lo que así como al microtráfico de droga, los están “atacando duro”.
Una captura en Chitré
El Servicio Nacional de Migración (SNM) reportó este viernes la captura de un ciudadano colombiano en el distrito de Chitré, provincia de Herrera, durante el Operativo Perseus.
Según un comunicado de la institución, “los cobros bajo la modalidad de financiamiento diario conocida como ‘gota a gota’” motivaron la captura.
La entidad recordó que esta actividad “resulta incompatible con el permiso de permanencia otorgado para su estancia en el país”.
El Enlace Migratorio de Acción de Campo de la Regional de Herrera ejecutó la captura y trasladó al detenido al Centro de Detención Administrativo Migratorio Masculino, donde continúan los trámites conforme a la normativa vigente, según el SNM.
El SNM no vinculó ese caso con el homicidio de Villa Lucre. La coincidencia de fechas, sin embargo, puso en la agenda pública un negocio que crece hace años en Panamá, casi siempre en la sombra y lejos de los titulares.
Un negocio con casi treinta años de historia
Una investigación de la alianza periodística Connectas, dedicada al seguimiento de esta red en América Latina, establece su origen a finales de la década de 1990, en Medellín, Colombia, como mecanismo para lavar el excedente de efectivo del narcotráfico que no podía entrar al sistema financiero por la vía legal.
Un estudio de la Universidad Central de Bogotá calcula que el sistema mueve unos 2,800 millones de pesos colombianos al día, cerca de un millón de dólares.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) confirmó ese origen en un estudio regional que publicó en septiembre de 2025, a través de su oficina en Costa Rica.
El documento describe el gota a gota como un mercado ilegal descentralizado, con cuatro roles definidos: los dueños del capital, los colocadores, la red logística y los cobradores. Según ese estudio, la mayoría de estas redes opera con estructuras pequeñas, de un promedio de ocho personas, aunque también documenta organizaciones más grandes y jerarquizadas, ligadas a estructuras criminales mayores.
Sin aval, sin contrato, con motocicleta
El modelo ofrece dinero rápido, sin garantías ni revisión de historial crediticio. Basta una cédula. Los cobradores recorren en motocicleta las casas y los negocios de los deudores para cobrar la cuota diaria.
Las tasas varían según el país y la organización: el estudio de la UNODC documentó tasas de entre 20% semanal y 20% mensual en Costa Rica, muy por encima del límite legal permitido en ese país.
Cuando el deudor no paga, el estudio de la UNODC documentó tres respuestas típicas de estas estructuras: el refinanciamiento con más intereses, la reventa de la deuda a organizaciones criminales o la intimidación directa, con amenazas, hurto de bienes y violencia física.
En Panamá, el SNM expulsó en agosto pasado, por el aeropuerto de Tocumen, a un ciudadano colombiano señalado como tercer cabecilla de “La Inmaculada”, una organización dedicada a extorsiones y préstamos “gota a gota”.
El diario El Tiempo informó que se trata de alias Carlos, quien llevaba 17 años vinculado a actividades criminales. Mediante extorsiones, llegó a reclamar al menos mil millones de pesos colombianos, el equivalente a $320,000, pero cuando las víctimas no podían pagarle, ordenaba ataques y homicidios.
¿Cuál es el delito?
En Panamá, la usura no es delito. El Código Penal vigente, la Ley 14 de 2007, no contempla ese tipo penal: cualquier persona puede prestar dinero a la tasa de interés que pacte con el deudor, sin que el Estado fije un límite.
No siempre fue así. El Código Penal de 1982 castigaba, en su artículo 192, a quien prestara dinero “a un interés mensual mayor del que establezca la Comisión Bancaria Nacional”, con 50 a 360 días-multa.
Pero, el Decreto Ley 9 del 26 de febrero de 1998, que creó la Superintendencia de Bancos y liberalizó el mercado financiero, eliminó ese tope regulatorio.
Eso deja al gota a gota fuera del radar penal, salvo cuando el cobro se vuelve violento.
Es decir, la ley no persigue el préstamo en sí, sino lo que ocurre cuando el deudor no paga: la extorsión, tipificada en el artículo 151 del Código Penal con una pena de 5 a 10 años de prisión, o el lavado de activos que Fernández mencionó al vincular estas redes con estructuras criminales y pandillas.
A los prestamistas extranjeros, como el capturado en Chitré, el Estado puede además retirarles el permiso de permanencia y hasta deportarlo, aunque no exista una acusación penal de por medio.
La red que operó en Brisas del Golf
En mayo de 2019, la Policía Nacional desarticuló un centro de préstamos gota a gota en una vivienda de Brisas del Golf, San Miguelito, y detuvo a 10 hombres colombianos. Los agentes decomisaron 18 motocicletas, dinero en efectivo, computadoras y libretas con los nombres, las direcciones y los montos de los clientes, además de tarjetas de presentación de los prestamistas.
La entonces comisionada de la Policía Nacional, Cinthia Meneses, explicó que el allanamiento obedeció a una denuncia ciudadana por movimientos inusuales en la vivienda. Los agentes buscaban armas y drogas. En su lugar, encontraron la sede de una red de préstamos ilegales.
Siete años separan aquel operativo del triple homicidio de Villa Lucre. En ese lapso, ninguna autoridad panameña difundió cifras oficiales sobre el número de estructuras de gota a gota activas en el país, según una revisión de registros públicos y notas de prensa.
De Medellín a 16 países
La investigación de Connectas documentó cómo el gota a gota salió de Colombia: el primero en importarlo fue Ecuador, alrededor de 2010; después llegó a Perú y luego se replicó en al menos 16 países, entre ellos México, Brasil, Argentina, Honduras y Bolivia.
En Panamá, el negocio ya no depende solo de operadores colombianos. El excomisionado Carlos Icaza aseguró a TVN que “hay gota a gota panameños también que están incursionando en el mercado” y advirtió que ese dinero procedería “de actividades ilícitas” y que sus operadores buscan lavarlo mediante el sistema de cobros.
El excomisionado no identificó públicamente a ningún operador local.
En La Chorrera, Panamá Oeste, por ejemplo, personas consultadas por este medio afirman que las redes operan en el centro del distrito. Los cobradores recorren la zona en motocicleta y buscan a billeteros, buhoneros y pequeños comerciantes en general.
