Los gremios periodísticos y medios de comunicación trabajan en la redacción de un anteproyecto de ley para que se despenalicen los delitos de calumnia e injuria, y se incorpore a la legislación el concepto de real malicia.
En su reunión de medio año, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) transmitió la preocupación del sector porque en Panamá se sigue penalizando la calumnia y la injuria; no existen límites en los montos por las demandas civiles y las medidas cautelares por supuestos daños morales, y los secuestros de activos o bienes propiedad de los medios y usuarios de redes sociales afectan su funcionamiento o generan autocensura.
Precisamente para promover cambios en la legislación, los gremios ya han sostenido reuniones con los procuradores de la Nación y de la Administración, Javier Caraballo y Rigoberto González, respectivamente, y con los magistrados María Eugenia López Arias, Carlos Vásquez y Olmedo Arrocha, que integran la junta directiva de la Corte Suprema de Justicia.
Todas estas consideraciones están incluidas en el informe país presentado en la Asamblea de la SIP, sobre la situación de las libertades de prensa y de expresión en Panamá.
Igualmente, la SIP hizo énfasis en que se está utilizado argumentos “confusos” sobre supuestos delitos, “como violencia de género, violencia política y maltrato de menores”, para procesar a periodistas o ciudadanos. Al respecto, se cita la demanda que presentó la diputada del PRD, Zulay Rodríguez, contra Mauricio Valenzuela, comunicador del sitio digital Foco Panamá, al que acusa del delito contra la vida y la integridad personal (en la modalidad de lesiones psicológicas). El Ministerio Público solicitó un sobreseimiento por considerar que no hay méritos para acusar a Valenzuela.
En el informe se recuerda que sigue vigente el secuestro promovido por el expresidente Ernesto Pérez Balladares, sobre cuentas y activos de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa), por $1.3 millones, por un proceso civil por presuntos daños y perjuicios originado por unas publicaciones de hace 12 años. El caso todavía está en primera instancia. Esto es posible, porque la legislación civil panameña permite que el demandante, sin que se haya dictado sentencia a su favor, pueda promover el congelamiento de los activos de un medio.
🗣Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa, del 19 al 21 de abril.
— SIP • IAPA (@sip_oficial) April 17, 2022
El encuentro, en formato virtual, está abierto a todo público y es gratuito.
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La SIP también se manifestó sobre el proyecto de ley 779, que modifica la Ley 22 de 2005, sobre el derecho a réplica y la política de rectificación de los medios de comunicación. El proyecto, que originalmente presentó precisamente la diputada Rodríguez, busca acortar de 48 a 24 horas la difusión de las réplicas. Además, la iniciativa plantea un aumento de las multas para quienes infrinjan la ley, que actualmente es de $5 mil a $10 mil. El proyecto elevaría la multa máxima a $15 mil. Un aumento del monto de las multas, “pondría en riesgo la viabilidad de los medios”, indica la SIP en su informe país.
El organismo también expresa su “sorpresa” por conocer que el 30% de las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) fueron endosadas al tesoro nacional, en medio de la investigación por el presunto uso de fondos públicos para la compra de ese grupo editorial. Por este caso, Ricardo Martinelli Berrocal está llamado a audiencia del 19 al 23 de mayo, pero el proceso fue objeto de una “dilación” por la aplicación del fuero electoral penal a favor del exmandatario. “Después de más de cuatro años y medio de investigación, se espera que la Corte Suprema de Justicia dicte resolución”, remarca la SIP.
Sobre Martinelli Berrocal, en el informe país se recuerda que siguen pendientes de trámite reclamos judiciales que ascienden a $48 millones de dólares contra Corprensa en 13 demandas civiles por reclamos de daños y perjuicios por presunta calumnia e injuria, y cinco casos penales que datan de 2006 y 2010, incluyendo el de Pérez Balladares.
