La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra en el proceso seguido al exjefe del Consejo de Seguridad Nacional, Gustavo Pérez, y al exdirector del extinto Fondo de Inversión Social (FIS), Giacomo Tamburrelli, en el proceso que les sigue por la pérdida de una de las máquinas pinchadoras.
Esto luego de que interpusieron sendos recursos de casación ante esa instancia judicial contra la sentencia de 120 meses de prisión impuesta por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales.
La condena impuesta a ambos por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales fue confirmada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, por lo que decidieron presentar un último recurso ante la Sala Penal para intentar revocar la sentencia.
La máquina, desaparecida desde julio de 2014, fue adquirida en 2012 durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) a la empresa israelí MLM Protection, por $13 millones, gestionados a través del FIS, entonces dirigida por Tamburrelli.
Pérez también mantiene una condena de 50 meses de prisión por el delito de escuchas ilegales que le fue aplicada por el extinto Juzgado Décimo Sexto Penal, confirmada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales y la Sala Penal de la Corte.
También fue condenado a la pena de cinco años y cuatro meses de prisión por el delito de tenencia ilegal de armas.
Mientras que Tamburrelli mantiene una condena de ocho años de prisión por el delito de peculado por irregularidades en el manejo de fondos a través de la adjudicación de proyectos viales en la provincia de Herrera y otra condena de 48 meses de prisión por el delito de peculado por el manejo contratos suscritos por el Programa de Ayuda Nacional (PAN, antiguo FIS y hoy Dirección de Asistencia Social) para la compra de comida deshidratada.
