A pesar de haber transcurrido 36 años desde la invasión estadounidense de diciembre de 1989, cientos de familias aún buscan esclarecer el paradero de alrededor de 236 familiares y amigos reportados como desaparecidos a raíz de la intervención militar.
Hasta ahora, 11 restos exhumados correspondientes a personas desaparecidas durante la invasión del 20 de diciembre de 1989 han sido identificados, tras investigaciones realizadas por la Fiscalía de Descarga del Ministerio Público y la Comisión del 20 de Diciembre.
Sin embargo, los datos manejados por la fiscalía y la comisión sugieren que el número de víctimas podría aumentar, ya que existen reportes de más personas desaparecidas. Desde 2019, ambas entidades han recolectado cientos de testimonios de testigos y familiares de las víctimas.
En el proceso de identificación, las autoridades han recolectado 165 pruebas de ADN, que forman parte del banco de muestras biológicas del Ministerio Público.
La fiscal Geomara Guerra explicó que, como resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la Comisión del 20 de Diciembre, se logró la exhumación de restos en los cementerios Jardín de Paz y Monte Esperanza, en la provincia de Colón, lo que permitió la identificación de 11 personas reportadas como desaparecidas durante la invasión. Sus cuerpos habían sido sepultados en tumbas colectivas en esos camposantos.
Guerra señaló que, si bien desde el inicio de las investigaciones en 2019 se han logrado avances importantes, aún queda un largo camino por recorrer. Para enero de 2026, la fiscalía tiene previsto regresar al cementerio Jardín de Paz para realizar nuevas exhumaciones, extraer ADN y compararlo con las muestras de familiares, con el objetivo de avanzar en el proceso de identificación.
La fiscal explicó que en algunos casos la extracción de ADN ha sido casi imposible, debido a que los restos fueron quemados, lo que destruyó cualquier posibilidad de identificación científica. Añadió que 21 muestras fueron enviadas a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), un instituto especializado, para intentar su identificación.
El Ministerio Público también ha solicitado la reapertura de 34 casos de personas desaparecidas durante la invasión que inicialmente estaban archivados, tras encontrar nuevos indicios que podrían conducir a su identificación. Guerra subrayó que se trata de un trabajo altamente laborioso, que requiere la participación de un equipo multidisciplinario integrado por peritos forenses, antropólogos, criminalistas, fiscales y personal de campo.
Comisión con pocos recursos
Por su parte, Rolando Murgas Torraza, presidente de la Comisión del 20 de Diciembre, consideró que este organismo debería ser permanente, con el fin de preservar la memoria histórica de los hechos ocurridos durante y después de la invasión.
Murgas Torraza indicó que la comisión anteriormente contaba con un local en el Parque Omar, pero que actualmente opera en instalaciones facilitadas por la Autoridad del Canal de Panamá. Durante un acto de rendición de cuentas, señaló que no están garantizados los fondos para el funcionamiento de la comisión en 2026, ya que dependen de recursos asignados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Recalcó que aún queda mucho trabajo pendiente en materia de exhumaciones, pruebas de ADN, localización de testigos y otros procesos necesarios para la identificación de las personas desaparecidas durante la acción militar.
En tanto, Gilberto Marulanda, de la Defensoría de los Universitarios, quien mantiene contacto con familiares de desaparecidos, señaló que ha recopilado testimonios de sobrevivientes de la invasión que estiman que el número de personas muertas sin identificar podría ascender a 500.
Como ejemplo, Marulanda relató el testimonio de un exrecluso de la cárcel Modelo, ubicada en El Chorrillo, quien aseguró que, tras el inicio de los bombardeos, varias madres acudieron al penal para conocer la situación de sus familiares detenidos. Según su relato, muchas de esas mujeres murieron durante los ataques, pero se desconoce qué ocurrió con sus cuerpos.
Un testimonio
Por su parte, Brenda Bethancourt, cuyo padre desapareció durante la invasión, afirmó que no ha perdido la esperanza de que sus restos se encuentren entre los que aún faltan por identificar mediante pruebas de ADN.
Relató que su padre, quien formaba parte de las Fuerzas de Defensa, les advirtió días antes que se avecinaba una situación difícil y les pidió fortaleza. El día de la invasión, vecinos alertaron sobre los bombardeos, y varios familiares intentaron llegar al cuartel, pero fueron detenidos y obligados a retirarse del área.
Desde entonces, aseguró, no han dejado de buscarlo, pese al tiempo transcurrido y a la falta de información certera sobre su paradero.
