La Pastoral Social Cáritas, la Comisión Justicia y Paz y la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia católica manifestaron este lunes su “profunda preocupación” ante las denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos y a la dignidad de las personas privadas de libertad en distintos centros penitenciarios del país.
La alerta surge a raíz de las medidas adoptadas por las autoridades tras la fuga masiva registrada el pasado 1 de junio en la cárcel La Joyita, cuando 195 reclusos escaparon del penal. Ese día, además, tres privados de libertad murieron.
En un comunicado, la Iglesia señala que desde el 3 de junio ha recibido testimonios de familiares que denuncian requisas realizadas de manera “desproporcionada, humillante y abusiva” en los centros penitenciarios de La Joya, Colón, Chiriquí y Coiba.
Según el documento, durante estos operativos se han retirado artículos considerados esenciales para los internos, entre ellos material religioso y educativo, como Biblias, subsidios de oración y libros de estudio del Ministerio de Educación y del Instituto de Educación por Radio. También se reporta la confiscación de artículos de aseo personal, ropa, sábanas y medicamentos.
Asimismo, la Iglesia advierte sobre la falta de servicios básicos en algunos centros penitenciarios, con reportes de escasez de agua potable, disminución en la alimentación y falta de atención médica oportuna.
El comunicado también denuncia la suspensión de actividades consideradas fundamentales para la resocialización de los privados de libertad, como las visitas familiares y conyugales, el acceso al patio, los programas de estudio y trabajo, así como las restricciones impuestas a voluntarios y ministros religiosos.
“La experiencia de décadas permite advertir que las medidas extremas traen epidemias, deshidratación y desnutrición en el corto plazo, así como resentimiento, violencia y rebeldía en el mediano y largo plazo”, advirtió la Iglesia.
Ante esta situación, las organizaciones eclesiales solicitaron a las autoridades revisar los procedimientos de requisa bajo estándares de legalidad y respeto a los derechos humanos; restituir el acceso al agua, alimentos, medicamentos y artículos de higiene; reactivar los programas de estudio, trabajo y visitas; y permitir que organismos de derechos humanos y entidades independientes verifiquen las condiciones actuales en los centros penitenciarios.
“Como Iglesia Católica, no pedimos privilegios. Pedimos humanidad, justicia y respeto a la dignidad de toda persona. La situación de encierro no puede convertirse en una condena al abandono, al silencio o al sufrimiento innecesario”, concluye el comunicado firmado por Lidia Maribel Jaén, de la Pastoral Social, y el fray Francisco Javier Palomares, de la Pastoral Penitenciaria.
