Doce personas señaladas por su presunta vinculación con delitos financieros en perjuicio de una entidad bancaria no fueron detenidas, sino que deberán cumplir con medidas cautelares menos severas, como el reporte periódico ante el Ministerio Público y la prohibición de salida del país.
Así lo decidió el juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Francisco Carpintero, durante una audiencia celebrada el miércoles 30 de julio, en la que consideró que esas medidas eran suficientes para garantizar los fines del proceso penal.
La decisión se tomó luego de que el fiscal José Rivas Coronado, del Ministerio Público, formulara cargos contra los imputados por la presunta comisión de delitos contra el orden económico, en la modalidad de delitos financieros. El juez también legalizó previamente las aprehensiones realizadas en el marco de esta investigación.
Los 12 imputados estuvieron representados por un equipo de defensa compuesto por nueve abogados particulares y dos defensores públicos, informó el órgano Judicial.
De acuerdo con la investigación, estas personas estarían involucradas en la ejecución de trámites fraudulentos para obtener préstamos personales y para vehículos, utilizando documentación financiera falsa. El caso se remonta a una denuncia presentada por el banco afectado, que detectó irregularidades a través de una auditoría interna realizada el 14 de junio de 2019.
Dicha auditoría reveló al menos 22 transacciones fraudulentas ocurridas entre los años 2016 y 2019, lo que generó un perjuicio económico estimado en 408 mil 461 dólares, explicó la Fiscalía. Las autoridades también investigan la posible complicidad de empleadas de la entidad bancaria que habrían facilitado los accesos al sistema crediticio.
Las aprehensiones se realizaron el pasado lunes 29 de julio de 2025, en operativos simultáneos llevados a cabo desde tempranas horas en Arraiján, La Chorrera, así como en las provincias de Panamá, Colón y Coclé.
