La jueza de garantías Irene Cedeño acogió la solicitud de imputación de cargos para cinco personas acusadas de la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y falsificación de sellos.
Según las investigaciones, los imputados cobraban dinero para agilizar la tramitación de permisos de armas de fuego en la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp).
Durante la audiencia, que inició a las 2:02 p.m. de este jueves 27 de marzo, la jueza Cedeño llamó la atención a la fiscal anticorrupción Digna Castillo por no individualizar la participación de cada uno de los cinco investigados en los hechos.
La fiscal Castillo explicó que la investigación comenzó en 2024, luego de que personas que solicitaron permisos para portar armas de fuego denunciaran haber sido contactadas por funcionarios de la Diasp, quienes, a cambio de dinero, ofrecían acelerar los trámites.
Entre los investigados figuran funcionarios y exfuncionarios de la Diasp, un funcionario del Municipio de Panamá y particulares, quienes presuntamente recibieron pagos y prestaron sus cuentas bancarias para depositar el dinero.
La fiscalía ha recopilado testimonios de personas que tramitaron permisos y luego recibieron llamadas de funcionarios exigiendo dinero para agilizar el proceso. Según la investigación, los implicados accedían a información confidencial, como nombres, direcciones, números telefónicos y tipos de armas solicitadas, para contactar a las posibles víctimas.
Durante la audiencia, una sexta persona presuntamente vinculada al esquema de corrupción se entregó a las autoridades. Este individuo, también funcionario de la Diasp, será presentado ante un juez de garantías en las próximas horas.
