Al menos 25 personas han sido imputadas por la presunta comisión de delitos como incitar al saqueo, propagación del virus del Covid-19 y falsificación de los salvoconductos que entrega el Gobierno como excepción para circular en medio de la pandemia.
Por ejemplo, en la provincia de Panamá se han efectuado audiencias a cuatro mujeres por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva y el saqueo en una abarrotería en el corregimiento de Curundú.
En el distrito de San Miguelito, en tanto, 10 personas fueron llevadas ante un juez de garantías por incumplir las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud (Minsa) y propagar el coronavirus, pandemia que ha obligado a las autoridades a ordenar cuarentena obligatoria y a paralizar gran parte de la economía nacional.
El Código Penal, en su artículo 308, establece que si alguien intencionadamente propaga una enfermedad peligrosa será sancionado con una pena de prisión de cuatro a seis años. Si es una enfermedad contagiosa, como el caso del Covid-19, la sanción será de diez a quince años de prisión.
Según los reportes de audiencias del Órgano Judicial, a un hombre de 45 años se le imputó cargos por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva por encontrarse en una pelea de gallos clandestina. Por los mismos hechos un juez de garantías imputó cargos a cinco mujeres y cuatro hombres. A todos se les impuso medida cautelar de arresto domiciliario.
Otro de los procesos que se encuentran bajo investigación en la provincia de Panamá es el de dos vendedores de legumbres, quienes fueron aprehendidos en el corregimiento de Betania por presentar salvoconductos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario presuntamente falsificados. Se les imputó cargos por el posible delito contra la fe pública y se les impuso la medida de detención preventiva. El tribunal consideró que se trata de un delito grave, toda vez que pusieron en riesgo a la sociedad y a su propia familia.
También a un joven de 19 años en Curundú se le imputaron cargos contra la seguridad colectiva y lesiones personales por agredir a un agente de la Policía Nacional, luego de que este le llamara la atención.
A otro joven de 19 años, de Río Abajo, se le imputó el mismo delito, así como posesión agravada de drogas. Se le ordenó la detención provisional.
En Panamá Oeste un extranjero fue llevado ante un juez de garantías y se le ordenó la imputación de cargos por la presunta comisión de los ilícitos de apología del delito y terrorismo por la publicación de vídeos en redes sociales incitando al saqueo en comercios y haciendo amenazas contra agentes de la Policía. Esto ocurrió en La Chorrera.
En la provincia de Chiriquí se dio algo similar. El Ministerio Público abrió un proceso contra dos hombres y un juez de garantías los imputó por apología del delito, ya que supuestamente, a través de videos en las redes sociales, alentaban a la gente a cometer este tipo de hurto en masa.
En Los Santos se registró un caso. Una mujer de 39 años, procedente de San Miguelito, presentó un salvoconducto presuntamente falso en el puesto de control en Pedasí. Ahora es procesada por el delito contra la fe pública y se le impuso la medida de depósito domiciliario.
En Colón se procesan a dos personas por el delito contra la salud pública y por delitos contra un servidor público y lesiones personales.
También el Ministerio Público está en la etapa de averiguación de dos casos muy sonados: la celebración de una boda en Patilla en medio de la cuarentena y de una fiesta en Patio Pinel. No obstante, estos no han llegado ante un juez.
Cabe aclarar que las retenciones diarias a las que hace referencia el ministro de Seguridad, Juan Pino, por violar las medidas de cuarentena dispuestas por el Minsa no son investigadas penalmente. Esto compete a un juez de paz.
Sin embargo, el pasado martes 7 de abril, el Consejo de Gabinete autorizó al ministro Pino y a la titular del Ministerio de Gobierno, Janaina Tewaney Mencomo, a presentar dos proyectos de ley ante la Asamblea Nacional para reforzar el Código Penal al incluir el delito de vandalismo, así como tipificar la violación de la cuarentena, el toque de queda y las medidas de aislamiento social ordenadas a raíz de la pandemia del Covid-19.
