Imputan cargos a exdiputada Crescencia Prado y a alcalde de la Comarca Ngäbe Buglé por presunto peculado doloso

La Fiscalía Anticorrupción investiga un perjuicio económico al Estado por más de 20 mil dólares relacionado con el manejo irregular de un vehículo estatal entre 2009 y 2014.

Imputan cargos a exdiputada Crescencia Prado y a alcalde de la Comarca Ngäbe Buglé por presunto peculado doloso
Crescencia Prado

La exdiputada Crescencia Prado y Fermín Jiménez Ortega exrepresentante de la Junta Comunal de Sitio Prado, en la Comarca Ngäbe Buglé y actual alcalde del distrito de Müna, ambos del Partido Revolucionario Democrático (PRD), enfrentan cargos formalmente tras ser señalados por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso, informó el Órgano Judicial.

Durante una audiencia de imputación y medidas cautelares celebrada este martes 9 de junio, la jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Chiriquí, Ana González, dio por presentada la formulación de cargos por parte del Ministerio Público.

Imputan cargos a exdiputada Crescencia Prado y a alcalde de la Comarca Ngäbe Buglé por presunto peculado doloso
Sentencia. Foto: Órgano Judicial. Archivo.

La Fiscalía Anticorrupción, representada por la fiscal adjunta Yazmina Montoya, sustentó la acusación en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República. Dicho documento detectó presuntas irregularidades en el uso y manejo de un vehículo propiedad del Estado entre los años 2009 y 2014, periodo que coincide con la gestión de los exfuncionarios.

Las pesquisas preliminares detallan que el perjuicio económico causado al erario asciende a la suma de $20,476.19.

A solicitud de la fiscalía, la jueza González decretó medidas cautelares de carácter personal para los involucrados, restricciones que incluyen la prohibición de concurrir a determinadas reuniones, la restricción de visitar ciertos lugares y la total prohibición de comunicarse por cualquier vía con personas vinculadas al caso, específicamente los testigos.

El tribunal consideró idóneas estas medidas para asegurar los fines del proceso y mitigar de forma oportuna el riesgo de afectación o destrucción de pruebas.

Con esta audiencia, el Ministerio Público formaliza el inicio de la etapa de investigación general para esclarecer la responsabilidad de los exfuncionarios en el manejo de los fondos y bienes públicos.


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