La Fiscalía Anticorrupción realizó dos nuevas diligencias en la investigación por presunto peculado en el manejo de fondos entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), en las que logró imputación de cargos del exrepresentante de Chepo en la provincia de Panamá, Ceferino Frías, y ordenó la aprehensión de Juvenal Atencio, extesorero de la junta comunal de San Juan en el distrito de San Lorenzo, provincia de Chiriquí.
En una audiencia celebrada este miércoles en el Sistema Penal Acusatorio del Primer Distrito Judicial, un juez de garantías acogió la imputación de cargos para el exrepresentante de Chepo cabecera Ceferino Frías y para la ciudadana Milena Castillo Baloy.
El juzgado de garantías aplicó las medidas cautelares de notificación los días 15 y 30 de cada mes para ambos imputados por considerar que es una medida cónsona para mantenerlos arraigados al proceso.
A ambos la fiscalía los vincula con el manejo irregular de $61 mil 130 que les fueron entregados por la AND para la realización de obras sociales en su circunscripción territorial.
Mientras que en un allanamiento realizado en San Juan, distrito de San Lorenzo, provincia de Chiriquí, se logró la aprehensión de Juvenal Atencio, extesorero de la junta comunal de esa comunidad a quien se investiga por irregularidades en el manejo de $191 mil 652 entregados por la descentralización.
La fiscalía también está tras la pista del exrepresentante de esa comunidad Dionisio Rodríguez, quien se presume era el responsable de las obras que se debían construir con los fondos de la descentralización.
En ambos casos los fondos se canalizaron a través del Programa de Inversión Social (PDIS) entregados por la descentralización.
A la fecha, la Fiscalía Anticorrupción ha imputado cargos a 36 exrepresentantes de corregimiento y tesoreros quienes están acusados de corrupción y peculado.
El Ministerio Público mantiene una lista de 70 exrepresentantes, representantes y exalcaldes bajo investigación por peculado en el manejo de fondos del PDIS. Algunos de los indiciados en este caso aún no han comparecido ante las autoridades para explicar el uso dado a los fondos de la descentralización.
Fuentes judiciales informaron que hasta ahora se han realizado unas 70 audiencias de imputación, aplicación de medidas cautelares y apelación ante tribunales superiores. En la mayoría de los casos se han impuesto medidas de impedimento de salida del país y notificación periódica, tras la imputación de cargos.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó a la Contraloría General de la República una ampliación de la auditoría realizada sobre los fondos asignados a los representantes de corregimiento para determinar los montos exactos de la lesión patrimonial ocasionada.
Hasta ahora se establecido una lesión patrimonial por el orden de los $24 millones, pero esta cifra puede aumentar a raíz de los nuevos análisis pedidos a la contraloría.
La fiscalía también está tras la pista de unos 36 exrepresentantes y extesoreros que recibieron fondos de la descentralización y no han justificado los proyectos en que fueron utilizados.
Hay juntas comunales, como la de Belisario Porras, que recibieron fondos hasta por la suma de $8 millones. En tanto, que la de Amelia Denis de Ycaza obtuvo $5.5 millones.
