El juez de garantías, Oscar Carrasquilla, imputó cargos y ordenó la detención de tres personas, entre ellas un funcionario del Ministerio de Obras Públicas (MOP), un funcionario de la Junta Comunal de Veracruz y la hermana del exrepresentante de Veracruz, Ronald González, por los delitos de peculado por la sustracción de 600 vigas tipo H valoradas en $3 millones.
Durante una audiencia celebrada ayer jueves, 24 de abril, en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Panamá Oeste (SPA), el juez Carrasquilla acogió la imputación presentada por las fiscales Azucena Aizpurúa y Tania Degracia, y ordenó la detención de los tres imputados por considerar que se trata de un delito grave y que existe el riesgo de fuga.
Los procesados fueron aprehendidos el pasado miércoles durante una serie de allanamientos realizados en Pacora y Veracruz, en los que también se ubicaron documentos relacionados con el caso.
Entre los detenidos figura Alberto Ábrego, quien laboraba como seguridad del MOP y quien, según la fiscalía, recibió dinero en sus cuentas bancarias relacionadas con la venta de las vigas.
Otro de los detenidos es Bayron Pineda, quien es voluntario en la Junta Comunal de Veracruz y a quien se le atribuye haber recibido un cheque de $3,000 de una empresa recicladora a la que se vendieron algunas vigas.
También se ordenó la detención de Brenda González, hermana del exrepresentante de Veracruz, Ronald González, a quien la fiscalía señala por haber participado en la compra de un camión con el dinero obtenido de la venta de las vigas.
Por este caso la fiscalía ha imputado cargos a ocho personas, una de las cuales alcanzó un acuerdo de pena, seis permanecen detenidos y otro mantiene una medida cautelar de depósito domiciliario.
De las 600 vigas sustraídas del un patio del MOP, ubicado en Veracruz, el Ministerio Público logró la recuperación de 176, por lo que aún se desconoce el paradero de 424 vigas.
Las vigas desaparecidas tienen un peso de 2,854 libras cada una. Según la información bancaria en manos de las autoridades, una recicladora pagó $38,050 y la otra $13,704 por las vigas.
El pasado 2 de marzo un juez de garantías declaró como causa compleja esta investigación y concedió a la fiscalía un término de un año para concluir las investigación.
Aún la fiscalía revisa una serie de evidencias obtenidas en allanamientos e inspecciones oculares realizadas a recicladores que compraron las vigas y que luego las vendieron a terceros.
También se analiza información bancaria sobre personas que recibieron dinero producto de la venta de las vigas y que se presume actuaron como testaferros.
