Una solicitud de medidas cautelares de protección a favor del chino Kenneth Zhang, requerido en extradición por las autoridades de la República Popular China, fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington (Estados Unidos), por el abogado Ignacio Álvarez.
El recurso busca evitar que Zhang, quien permanece detenido en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), sea deportado o entregado a las autoridades chinas antes de que concluya el proceso de extradición.
Álvarez argumenta que, si regresa a China, Zhang podría ser sometido actos de tortura, inhumanos o degradantes, por casos que mantiene en ese país por apropiación ilícita de activos empresariales entre 2020 y 2022.
El documento sostiene que el Estado panameño debe garantizar la vida, la integridad personal y el derecho a la defensa del ciudadano chino.
Zhang es directivo de Landbridge Holding Inc. (LHI), una corporación registrada en Barbados que, en su momento controló Panama Colón Container Port (PCCP), la sociedad que obtuvo el contrato de concesión para desarrollar un puerto y una terminal de contenedores en Isla Margarita, provincia de Colón.
A principios de año, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) rescindió el contrato a PCCP, por incumplimientos en la ejecución del proyecto.
Guillermo Cochez, integrante del equipo legal de Zhang, anunció que presentará una solicitud de fianza de excarcelación a favor de su cliente.
El pasado 12 de julio, el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial declaró legal la solicitud de extradición de Zhang y ordenó mantenerlo detenido mientras se completa el proceso.
Zhang fue aprehendido el 11 de julio en el corregimiento de Calidonia, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol, emitida a solicitud de las autoridades chinas, que lo señalan por su presunta participación en la apropiación ilícita de activos empresariales entre 2020 y 2022.
Además del proceso por el cual es requerido en su país, Zhang enfrenta otro reclamo en los tribunales de Delaware, Estados Unidos, por una sociedad que sostiene haber sido ilegalmente despojada del 51% de las acciones de PCCP.
