Las bombas que cayeron el 20 de diciembre de 1989 durante la invasión militar de Estados Unidos dejaron una profunda herida que, en 36 años, no ha podido cicatrizar para los familiares de 236 personas reportadas como desaparecidas.
Elías Núñez tenía tres meses cuando la voz de su padre desapareció de su entorno. Relató que durante sus años de infancia no encontraba una explicación para la ausencia de su padre, pero que luego le explicaron que había desaparecido durante la invasión y que se desconocía su paradero.
Núñez forma parte de los familiares de personas desaparecidas durante la invasión que han buscado apoyo en la Comisión del 20 de Diciembre, la cual realiza esfuerzos, junto al Ministerio Público, para establecer el paradero de cientos de panameños desaparecidos entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de diciembre de 1989, cuando varios puntos del país fueron objeto de bombardeos y asaltos armados con tanques y helicópteros.
Núñez, entre sollozos, dijo que no tuvo la oportunidad de conocer a su padre, quien era cabo segundo de la Policía Nacional, y que, como otros niños que perdieron a sus seres queridos durante la invasión, ha debido reconstruir esos hechos a través del testimonio de familiares y amigos que vivieron esa tragedia.
Por su parte, Brenda Bethancourt, hija del también miembro de la policía Braulio Bethancourt, aseguró que para ella todo ha sido muy difícil y que ha enfrentado muchos obstáculos para conocer lo que le pasó a su padre, en una búsqueda constante de información sobre su posible paradero.
Relató que su familia aún no ha podido cerrar el duelo, ya que no tienen una tumba a la que llevar flores o elevar una plegaria por su descanso.
Explicó que los primeros informes sugerían que su padre fue sepultado en el cementerio de Amador, luego en Corozal, pero no existe certeza de que esto sea real.
También detalló que se le informó que su cuerpo presentaba un disparo en la cabeza. Sin embargo, tampoco hay certeza de ello ni de las circunstancias en las que se produjo.
En tanto, Trinidad Ayola, viuda del capitán Octavio Rodríguez, enfatizó que para ella fue muy duro no poder explicarle a sus hijos el paradero de su padre. Los muchachos —detalló— preguntaban por su padre: dónde estaba, qué le había pasado y por qué no regresó a casa.
Ayola dijo que el trabajo realizado por la comisión y el Ministerio Público ha despejado dudas para algunos familiares, quienes han logrado encontrar los restos de sus parientes y darles sepultura.
Un trabajo que se debe extender
Geomara Guerra, fiscal encargada de investigar las desapariciones ocurridas durante la invasión, aseguró que se trata de un trabajo que no concluirá en el corto plazo.
En estos momentos —explicó— el Ministerio Público mantiene 33 casos bajo investigación; en 24 de ellos se ha solicitado la reapertura ante los tribunales de justicia, dado que ya se cuentan con indicios que podrían llevar a una identificación positiva.
También explicó que hasta ahora se han identificado 11 personas y que 10 restos ya han sido entregados a sus familiares para su sepultura.
Entre los identificados figuran: Alejandro Antonio Hubbard Torrero, Dídimo Miranda, Ricardo Aurelio Arana Riquelme, Ramón Alberto Vásquez Núñez, Yervin José Peruta Ávila, Daniel Alex Martínez Valdéz, Héctor Porfirio Murillo, Juan Gutiérrez, Erick Abdiel Bonilla Terrero y Luis Carlos Méndez Hernández.
No obstante, detalló que, pese a estos avances logrados mediante pruebas de ADN, aún se requiere realizar nuevas exhumaciones en el cementerio Jardín de Paz, donde permanece una gran cantidad de restos humanos por identificar.
La funcionaria estimó que muchas personas se acercan a la fiscalía para aportar información, la cual debe ser validada mediante pruebas antes de solicitar la apertura de una investigación penal.
Durante la invasión del 20 de diciembre de 1989 se produjeron combates en varios puntos de la ciudad de Panamá, como El Chorrillo, donde se encontraba el Cuartel Central; el Cuartel de Panamá Viejo; el cuartel de Tinajitas, en San Miguelito; Fuerte Amador; el Batallón 2,000, ubicado en Tocumen; el Cuartel de Marina en Coco Solo y, en la provincia de Coclé, la base de Río Hato. El Ejército de los Estados Unidos también tomó los accesos al Puente de las Américas.
Según reportes del Ejército estadounidense, los enfrentamientos dejaron unos 500 muertos del lado panameño, entre civiles y militares. Muchos de estos cuerpos fueron colocados en bolsas y sepultados en fosas comunes, ya que los hospitales estaban colapsados de heridos y fallecidos.
Las investigaciones de la fiscalía revelan que muchos cuerpos fueron encontrados en las calles sin identificación, llevados a las morgues y enterrados de forma sumaria.
Rolando Murgas Torraza, presidente de la Comisión del 20 de Diciembre, estimó que estos casos deben esclarecerse como una responsabilidad del Estado.
Murgas pidió una mayor participación de las autoridades en la creación de una memoria colectiva de lo ocurrido el 20 de diciembre de 1989.
El ADN, la llave para la identificación
El antropólogo forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), Adán Hernández, explicó que la identificación de los cuerpos es un trabajo laborioso que requiere la participación de múltiples especialistas.
Hernández detalló que, en ocasiones, los restos se encuentran muy deteriorados debido a la humedad, y que otros aparecen quemados.
Tal es el caso de cinco cuerpos de los que no se ha podido extraer ADN, ya que el fuego destruyó por completo los huesos de los que se podía haber obtenido material genético.
Admitió que es necesario establecer un banco de muestras biológicas de los familiares de personas desaparecidas para compararlas con el ADN extraído de los restos.
Recalcó que las exhumaciones deben realizarse durante la estación seca para facilitar la extracción de los huesos y evitar daños en el proceso, por lo cual se tiene previsto reanudarlas en enero próximo.
‘Atacaron con todo’
Alexis Herrera, quien en 1989 tenía el rango de subteniente y patrullaba el área de El Chorrillo, relató que los bombardeos eran atronadores y que los helicópteros lanzaban ráfagas de bala contra el Cuartel Central. Quienes estaban dentro no tuvieron la más mínima oportunidad.
Herrera, quien hoy se dedica a labores agrícolas, afirmó que los militares panameños no tenían capacidad de fuego para enfrentar el bombardeo.
Muchos residentes de El Chorrillo murieron durante los incendios provocados por las explosiones. En ese momento, cada quien estaba preocupado por sobrevivir: había confusión, numerosos muertos y heridos.
Unos 26 mil efectivos, apoyados por helicópteros tipo Apache, aviones y paracaidistas del Ejército de Estados Unidos, atacaron las instalaciones de las Fuerzas de Defensa, compuestas por unos 16 mil efectivos distribuidos en todo el país.
Alegó que muchas personas inocentes pagaron un precio muy alto solo por estar cerca de los sitios atacados o por no atender una voz de alto.
Durante la operación militar, las fuerzas estadounidenses crearon áreas donde mantuvieron retenidas a cientos de personas que perdieron sus hogares.
