El ciudadano iraní Reza Dindar, extraditado por Panamá hacia Estados Unidos, comparecerá este jueves ante un Tribunal de Distrito de Seattle, Estados Unidos, para enfrentar nueve cargos con relación a un esquema para evadir sanciones comerciales impuestas contra Irán.
Un comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, dado a conocer por la Embajada de Estados Unidos en Panamá, detalla que el extraditado fue inicialmente imputado en agosto de 2014 y su acusación fue desclasificada tras su arresto en Panamá y posterior extradición hacia los Estados Unidos.
El documento cita al fiscal federal adjunto Charles Neil Floyd, quien explicó que los miembros de esta conspiración pensaron que podían evadir las restricciones de exportación enviando bienes a través de un tercer país, en este caso China.
De acuerdo con el escrito de acusación de la fiscalía, la conducta de Reza Dindar violó las sanciones contra Irán impuestas por una Orden Ejecutiva dictada por el Presidente de los Estados Unidos en el año de 1995 y reimpuestas en el año 2001.
Estas órdenes prohíben la exportación, reexportación, venta o suministro no autorizados, directa o indirectamente desde Estados Unidos, de cualquier bien tecnológico o servicios a Irán y la exportación de bienes o suministro de bienes y tecnología que puedan ser reexportados a ese país.
Según la investigación, Reza Dindar administró la empresa New Port Sourcing Solutions, ubicada en Xian, China, que adquirió artículos en Estados Unidos para compañías en Irán.
Las pesquisas dan cuenta de que entre los años 2011-2012 el acusado y sus cómplices usaron engaños para adquirir piezas para tres sistemas de sonares militares comprados a una empresa en Washington, pero las piezas enviadas a China en realidad tenían como destino Irán.
Reza Dindar enfrenta cargos por la presunta comisión de delitos de conspiración, dos cargos por exportación de bienes a un país sujeto a embargo, dos cargos por contrabando de bienes desde los Estados Unidos, otros dos cargos por lavado de dinero por los $97,600 enviados para la compra de los bienes y dos cargos por registros de exportación falsos, por los que puede enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión.
