La Corte Suprema de Justicia deberá decidir sobre la legalidad o no de la Resolución 35 del 15 de septiembre de 2022, en la cual la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó traslados y créditos por $7.5 millones a favor de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).
La demanda contencioso administrativa de nulidad fue presentada este miércoles 5 de julio por la abogada Luisa Pilar Araúz Arredondo, en nombre y representación del diputado independiente Juan Diego Vásquez, integrante de la Comisión de Presupuesto. Como parte demandada figura el diputado perredista Benicio Robinson, presidente de la referida comisión hasta el pasado 30 de junio.
Vásquez ha dicho que aunque la resolución cita que el dinero a favor de la AND fue aprobado en la sesión de la Comisión de Presupuesto celebrada el 15 de septiembre pasado, ese día no acudió nadie de esa institución a sustentar el crédito adicional y el traslado de partida, como corresponde por ley.
Tampoco hay constancia de la aprobación del crédito y del traslado en el acta de la Comisión de Presupuesto correspondiente a ese día ni en la nota de prensa que la Asamblea colocó en su sitio web.
“La discusión de ese traslado de partida y crédito adicional nunca estuvo en el orden del día. Ni en el original aprobado ni fue alterado el orden para su discusión, por tanto, sin discusión y votación no puede haber resolución y mucho menos traslado”, dijo Vásquez este miércoles, al presentar la demanda.
“Hicieron lo que les dio la gana, al margen de la ley, para dar fondos de forma opaca y poco transparente a la Autoridad Nacional de Descentralización”, y agregó que ese dinero seguramente ya se lo gastaron, dado que corresponde al presupuesto del año pasado.
“Lo triste es que hemos podido presentar este acto [la demanda] casi un año después, porque este es el tiempo en que la Comisión de Presupuesto entrega los documentos y después de una lucha”, remarcó.
CUMPLIENDO CON MI PALABRA.
— Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) July 5, 2023
Ahora que el debate sea legal no político y que todos los responsables de violar la ley PAGUEN. https://t.co/TAWBztRiZH
Vásquez sí estuvo presente en la sesión en la que se aprobó la resolución ahora demandada, por eso sabe que ese día no había nadie de la AND presente, ni siquiera su director, Edward Mosley Ibarra, a quien le correspondía sustentar el crédito y el traslado.
Es por estas irregularidades que la Resolución 35 sería violatoria de los artículos 319 y 327 de la Ley 248 de 2021, que dicta el presupuesto general del Estado correspondiente al año 2022, así como de la Ley 49 de 1984, sobre el reglamento orgánico de la Asamblea, que en su artículo 99 señala que se debe elaborar una orden del día sobre los temas que serán discutidos en el pleno y las comisiones legislativas.
La Resolución 35 fue firmada por 10 de los 15 diputados que integran la referida comisión: los perredistas Benicio Robinson (presidente), Raúl Pineda (vicepresidente), Cenobia Vargas (secretaria), Arquesio Arias, Gonzalo González y Víctor Castillo, así como Everardo Concepción, del Partido Panameñista; Yanibel Ábrego, de Cambio Democrático (CD), y Manolo Ruiz, del Molirena.
El espacio asignado a las firmas de los diputados comisionados Marylín Vallarino y Fátima Agrazal, de CD; Nelson Jackson, del PRD; Pedro Torres, del Panameñista, y el independiente Vásquez permanece en blanco.
