Un juez de garantías de Chiriquí imputó cargos y ordenó la detención para la exrepresentante y el extesorero de la Junta Comunal de Dolega por la presunta comisión del delito de peculado, por el manejo irregular de fondos de la descentralización a través del Programa de Desarrollo Integral Sostenible (PDIS).
La juez de garantías del Tercer Distrito Judicial Chiriquí y Bocas del Toro, Rita Williams, ordenó la detención de ambos exfuncionarios por considerar que es la medida cautelar idónea para el proceso, a fin de evitar la posible destrucción de pruebas por parte de los investigados.
En tanto, en una segunda audiencia realizada a la representante y tesorero de la junta comunal de Quebrada de Piedra en Tolé, provincia de Chiriquí, la juez Williams dispuso aplicarles la medida cautelar de impedimento de salida del país y la prohibición de acercarse a la junta comunal, tras imputarles el delito de peculado.
Por su parte, una juez de garantías de la provincia de Veraguas imputó cargos a los exrepresentantes y a los extesoreros de las juntas comunales de Bisvalles y Boró, ambas ubicadas en el distrito de la Mesa, provincia de Veraguas.
A estos imputados se les aplicaron las medidas cautelares de impedimento de salida del país, no acercarse a las instalaciones de la junta comunal y el uso brazalete electrónico.
El pasado miércoles, la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional aprehendieron a ocho personas, cuatro de ellas representantes de corregimiento, a quienes se acusa del delito de peculado por irregularidades en el manejo de fondos del PDIS.
Las diligencias, que se realizaron en las provincias de Chiriquí y Veraguas, forman parte de una investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, de los años 2019-2024, que detectó manejos inusuales de los fondos asignados a la descentralización.
En la provincia de Veraguas, los allanamientos se realizaron en el distrito de La Mesa, en donde se aprehendieron dos exrepresentantes de corregimiento y dos extesoreros, a quienes se les atribuye el manejo irregular de fondos del programa PDIS entre los años 2021 y 2024.
La semana pasada, la Fiscalía Anticorrupción comisionó a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para ubicar a los ex representantes de corregimiento y alcaldes que recibieron fondos provenientes del PDIS.
La investigación se extiende a unas 70 juntas comunales de las provincias de Panamá, Colón, Bocas del Toro, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Darién, Los Santos y la comarca Guna Yala.
La fiscalía también practicó diligencias en el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Nacional de Panamá que estuvieron enfocadas en la ubicación de información relacionada con una serie de denuncias realizadas en el año 2024, así como verificar los desembolsos realizados por la Autoridad Nacional de Descentralización a 70 juntas comunales y municipios que recibieron fondos del PDIS.
