Un total de 64 personas que fueron aprehendidas durante la operación Omega en Bocas del Toro quedaron detenidas de forma preventiva tras ser imputadas por la presunta comisión del delito contra los servidores públicos, así como tráfico y recepción de cosas provenientes del delito.
Esta operación, desarrollada por la Policía Nacional, obedeció a acciones de vandalismo presuntamente orquestadas por pandillas locales y que fueron ejecutadas en medio de las protestas sociales en esa provincia.
De acuerdo con cifras del Órgano Judicial (OJ) por estos hechos fueron judicializadas 114 personas. Aparte de las 64 personas detenidas, el reporte indica que a otras cuatro se les aplicó la medida cautelar de arresto domiciliario, mientras que a otros —no se detalla a cuántos— se les aplicó la medida cautelar de reporte periódico ante el Ministerio Público, la prohibición de participar de participación en reuniones, así como el uso de redes celulares, en tanto que otros fueron desaprendidos.
Para la tramitación de las audiencias de imputación de cargos y aplicación medidas cautelares, el OJ habilitó a cuatro jueces de garantías. Mientras que el Ministerio Público también trasladó a varios fiscales a la provincia de Bocas del Toro para realizar las investigaciones y participar de las audiencias de imputación.
Durante la Operación Omega, los estamentos de seguridad aprehendieron a 376 personas que fueron llevadas a cárceles de las provincias de Bocas del Toro y Veraguas.
El gobierno declaró el Estado de urgencia en Bocas del Toro del 20 al 29 de junio, como una medida para restablecer el orden a raíz de la serie de saqueos y actos de vandalismo contra comercios y entidades públicas.
Durante esos días quedaron prohibidas las reuniones, las marchas y se aplicó un toque de queda, mientras que los estamentos de seguridad practicaron allanamientos en busca de pandilleros participantes en los desórdenes.
Un reporte de la Defensoría del Pueblo reveló que en entrevistas realizadas a 186 personas aprehendidas, el 88.5% denunció golpes, esposamiento y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales.
Otras 104 personas denunciaron arrestos arbitrarios por parte de los estamentos de seguridad que participaron de la operación Omega.
Los estamentos de seguridad desplegaron en la provincia de Bocas del Toro a unos 1,500 agentes, entre miembros de la policía, del Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval.
