La juez de garantías, Marisol Ortiz, mantuvo la detención provisional del exdirector de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental (AIG) Luis Oliva, imputado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.
Durante una audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa de Oliva, que se desarrolló el jueves 6 de agosto, la juez Ortiz concluyó que la medida de detención provisional impuesta a Oliva continúa siendo necesaria y proporcional, al considerar que persisten los riesgos procesales que justificaron su imposición inicial, en atención a la naturaleza del delito y a las circunstancias particulares de la investigación.
Para la fiscal anticorrupción, Jenisbeth Malek, la medida de detención aplicada a Oliva el pasado 31 de mayo es proporcional al delito imputado.
La fiscal Malek fundamentó su petición en un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, en el cual se le atribuye un enriquecimiento injustificado durante su gestión como director de la AIG.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción surgió a raíz de un informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República en septiembre de 2025, que arrojó que Oliva tenía un diferencial de 937 mil dólares con relación al monto devengado como funcionario, tras la culminación de su gestión.
Apelará
Al concluir la audiencia, la defensa anunció recurso de apelación contra la decisión de la jueza de garantías. La audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial fue programada para el próximo 25 de agosto, a las 8:30 a. m., en el edificio Plaza Fortuna.
En agosto de 2025, Oliva fue aprehendido dentro de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de la plataforma Listo Wallet, utilizada para gestionar los pagos a los beneficiarios del programa Vale Digital del plan Panamá Solidario.
Por este caso también están investigados el empresario Budy Attie y Ralph Attie, así como Janice Becerra, una antigua asesora de Oliva en la AIG.
En el caso que involucra a Oliva, los hermanos Attie y Becerra, la defensa de los investigados alega que no hubo lesión patrimonial contra el Estado y que todo se trató de una transacción comercial.
