El juez de garantías Justo Vargas elevó a causa compleja la investigación seguida a 23 personas por tráfico de drogas y blanqueo de capitales, detenidas en la operación Fusión y que usaban las instalaciones del Aeropuerto de Tocumen para el trasiego de estupefacientes.
Durante la audiencia celebrada en las instalaciones del Segundo Tribunal Superior de Justicia, el juez Vargas concedió a la Fiscalía de Drogas un término de tres meses para concluir las investigaciones.
Esto se da luego que el Ministerio Público estableció que la investigación mantiene un número plural de imputados y se encuentran pendientes una gran cantidad de peritajes y diligencias que se deben ser evacuadas, para determinar la responsabilidad de los investigados.
En la investigación se determinó que la red desembarcaba la droga proveniente de Colombia en las playas de Farallón. Luego se trasladaba en autos de doble fondo a la ciudad de Panamá y por último se introducía en maletas para ser enviada fuera del país.
Entre los investigados por este caso figuran funcionarios del Servicio de Protección Institucional (SPI), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Ministerio Público.
Según la fiscalía, la red estaba encabezada por Fernando Sixto Mendoza, quien con anterioridad había sido detenido en dos ocasiones por traficar drogas por el aeropuerto (en 2002 y 2009).
