Juez llama a juicio a 20 personas por caso New Business y fija fecha de audiencia preliminar a Martinelli

Juez llama a juicio a 20 personas por caso New Business  y fija fecha de audiencia preliminar a Martinelli
El fiscal especializado contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez, sustentó la vista fiscal en la audiencia preliminar por el caso New Business celebrada el pasado mes de julio. LP

El juzgado tercero liquidador fijó para el próximo 31 octubre la audiencia preliminar al expresidente Ricardo Martinelli por presunto blanqueo de capitales a través de la compra de editora Panamá América (Epasa) por la sociedad New Business y llamó a juicio a otras 20.

A través de una resolución expedida el pasado 21 de octubre, la juez tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, dispuso fijar para este 31 de octubre la audiencia preliminar a Martinelli y con fecha alterna el próximo 29 de noviembre de 2022.

En su resolución, Marquínez también otorgó un sobreseimiento provisional para otras nueve personas también imputadas por el delito de blanqueo de capitales.

En el caso del expresidente Martinelli, el juzgado había dictado la ruptura procesal, luego que sus abogados durante una audiencia celebrada en enero pasado, alegaron que estaba protegido por el fuero penal electoral a raíz de la realización de elecciones internas del Partido Realizando Metas (RM), del que es presidente.

Sin embargo, tras una petición presentada por la jueza Marquinez el Tribunal Electoral (TE) levantó el fuero penal electoral al exmandatario, lo que abrió la puerta para la continuidad del caso.

En su decisión el juzgado también negó los incidentes de prescripción y nulidad presentados por varios abogados defensores y el levantamiento de las medidas cautelares impuestas a una sociedad anónima presuntamente implicada en el esquema de blanqueo de capitales. Estos recursos fueron presentados durante la audiencia preliminar celebrada el pasado 5 de julio.

La investigación se inició en el año 2017, cuando el Ministerio Público reveló que la compra de Epasa se gestó a través de una sociedad canasta denominada New Business y que el dinero aportado provenía de contratos otorgados a diversas sociedades para la supuesta ejecución de obras de infraestructura pública.


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