Un total de 51 personas detenidas en la operación Fisher fueron llamadas a juicio por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita agravada, al ser vinculados a una célula criminal del Clan del Golfo.
El juez de garantías Manuel Lezcano admitió la evacuación de 600 pruebas documentales y 100 testimoniales que fueron aducidas por los abogados defensores, mientras que a la Fiscalía de Drogas le fueron admitidas un total 240 pruebas documentales, 13 periciales y cinco evidencias materiales que serán evacuadas en el juicio fijado para el 26 de mayo de 2025.
En este caso se mantienen detenidas un total de 28 personas, mientras que otras 13 están bajo la medida cautelar de reporte periódico ante el tribunal.
La operación Fisher dejó al descubierto una red de tráfico de drogas ligada al Clan del Golfo, que usaba las costas de la provincia de Colón para mover la droga y dinero producto de su actividad criminal.
Durante la operación las autoridades incautaron $10 millones que se encontraban dentro de una residencia en la Costa Abajo de la provincia de Colón.
La fiscalía identificó a Jorge Luis General, como el presunto líder de esta red criminal, que a través de la empresa Magna Pesca movía el dinero producto de la venta de drogas.
La red usaba residencias cercanas a la costa para ocultar los cargamentos de drogas, que luego eran movidos hacia puertos de la ciudad de Colón para introducirlos en contenedores.
