Un juez de garantías desestimó una solicitud de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada para extender por un año más la investigación a dirigentes del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs) por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, falsificación y estafa, por la supuesta apropiación de 14 fincas en el proyecto turístico Red Frog, ubicado en la provincia de Bocas del Toro.
En una audiencia celebrada este jueves, la juez de garantías Jazmín Jaén, desestimó la solicitud hecha por el fiscal Octavio Nicolau para extender un año más las pesquisas en este caso, ya que no ha concluido con las entrevistas a unos 400 trabajadores que laboraban en el proyecto Red Frog.
Nicolau alegó que su despacho requiere tomar entrevistas a todos los trabajadores, ya que constituyen la parte afectada en el proceso.
También explicó que se requiere realizar un análisis forense a un servidor que fue enviado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), pero que dicha diligencia no se ha podido concluir.
La juez Jaén estimó que, ya en noviembre de 2025 a la fiscalía se le concedió una prórroga de seis meses en este caso, lo que consideró tiempo suficiente para culminar las diligencias de investigación.
En tanto, César Ruiloba, del equipo de abogados del Suntracs, se opuso a la moción y alegó que esta es una investigación que se inició en 2022 en la provincia de Bocas del Toro y que sus clientes han sido sometidos a un proceso judicial por mucho tiempo.
Por este caso se encuentran imputados los dirigentes del Suntracs Genaro López y Saúl Méndez, a quienes la fiscalía acusa de haberse apropiado de 14 fincas que le fueron entregadas a un grupo de trabajadores de ese sindicato como parte de un litigio laboral.
López mantiene una medida cautelar de reporte periódico y el uso de brazalete electrónico, mientras que Méndez se encuentra prófugo de la justicia.
En el caso del dirigente Erasmo Cerrud, también mencionado en el caso, se informó que se encuentra en Nicaragua.
Las 14 fincas, que suman una extensión de 33,712 metros cuadrados (3.37 hectáreas), fueron entregadas por la empresa Pillar Construction, S.A. (que luego cambió su nombre a Bastimentos Holding) para compensar a 412 trabajadores de Red Frog que participaron en una huelga entre el 5 de febrero de 2007 y el 14 de octubre de 2008, y que fue declarada legal por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
Según los abogados del Suntracs, se trata de una disputa laboral que debe ser resuelta en esa jurisdicción y no en la esfera penal.
Tras la huelga, Pillar Constrution fue condenada al pago de $7 millones en concepto de salarios caídos, pero la empresa pactó un acuerdo extrajudicial con los trabajadores, representados por el Suntracs, para que les entregaran las 14 fincas, que en aquella época estaban valoradas en $3 millones.
De acuerdo con la investigación, los dirigentes del Suntracs utilizaron las fincas como garantía de un supuesto préstamo hipotecario suscrito con la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs. Luego se descubrió que, como la cooperativa no contaba con fondos suficientes para facilitar el préstamo hipotecario, el propio Suntracs le prestó el dinero.
